Las guarderías privadas ante la bajada de ratios: «El 75 % podría cerrar»

Las cajoneras están vacías. Ya no cuelgan los babis de las perchas. Tampoco hay balones en el patio ni se escucha la banda sonora habitual de cualquier recreo: «El-que-no-ponga-el-pie-se-la-liga». El silencio se explica ahora por las vacaciones, pero podría convertirse en definitivo si se consuma la bajada de ratios anunciada por el Gobierno, que afecta principalmente a la Educación Infantil. Las intenciones del Ejecutivo son bajar de ocho a cuatro niños en la etapa de 0-1 años, de 14 a 6 en la etapa de 1 y 2 años y de 20 a 8 niños en la etapa de 2 y 3 años.

«Una modificación de estas condiciones podría provocar el cierre de más de 5.000 centros privados, la pérdida de alrededor de 60.000 puestos de trabajo y dejar sin plaza a cerca de 224.0000 alumnos», denunciaron en un comunicado conjunto las principales organizaciones empresariales de la enseñanza privada de 0-3 años. Se trata de una estimación, pero «el 75% de las escuelas infantiles nos han comentado que tendrían muy difícil continuar en estas circunstancias», apunta Luis Centeno, secretario general adjuntos de Escuelas Católicas (EC). 

El sector lleva años con problemas por culpa de la baja natalidad, la competencia de la enseñanza pública y el aumento de los costes generales, tanto salariales como técnicos. «Todo ello ha provocado que en los últimos cinco años hayan cerrado el 25 % de las escuelas infantiles privadas», asegura Centeno. En esta situación, los nuevos cierres que prevé la patronal no representan solo un problema a nivel laboral —por el aumento de las cifras del paro— sino también educativo. «No existen plazas públicas suficientes para acoger a todos los niños que se quedarían en la calle», advierte el secretario general adjunto de Escuelas Católicas. 

Ratios para primer ciclo de infantil

El anuncio también ha causado preocupación entre algunos sindicatos, como FEUSO (Federación Educativa de la Unión Sindical Obrera), que estando «muy de acuerdo» en la bajada de ratios, «no nos gusta en absoluto ni las formas de comunicarlo ni los motivos». Antonio Amate, secretario general de FEUSO, critica que «la medida se anunciara en la mesa de la enseñanza pública, cuando es algo que afecta a todo el sector». Incluida la educación concertada. «Nosotros, por ejemplo, que somos el sindicato más representativo del sector, el que más delegados tiene en la etapa de 0-3 años, nos enteramos de la noticia por la prensa».

Por otro lado, Amate incluso habla de un «movimiento puramente político». Se basa en el hecho de que «ya hay una ley que prevé la bajada de los ratios» y que «actualmente se encuentra en fase de tramitación parlamentaria en el Congreso». No obstante, para el secretario general de FEUSO, el anuncio de un real decreto que aspira a implantar lo mismo que la ley tiene que ver con que en diciembre se producen elecciones sindicales en la enseñanza pública y que en 2027 se tienen que celebrar elecciones generales en España. Ante ambos comicios, según el dirigente sindical, el Ministerio quiere jalear a sus simpatizantes «ninguneando de manera intencionada, clara y objetiva a todo el sector privado». 

Ante esta forma de proceder, Antonio Amate pide descartar la «brocha gorda» e insta a actuar más bien «con la precisión de un bisturí». En este sentido, exige al Gobierno «evaluar de forma rigurosa» el «impacto económico, social y organizativo» de la medida.

Acuerdo de financiación

Con los datos que pide FEUSO encima de la mesa, desde EC y el resto de organizaciones empresariales del sector se muestran abiertos a buscar una solución. En su comunicado conjunto, de hecho, marcan la senda hacia el entendimiento: que el Ejecutivo implante «un sistema adecuado de financiación pública».

Para Luis Centeno no se puede reducir los alumnos a la mitad por decreto sin ayudar a las organizaciones que prestan el servicio. El modelo además es factible, porque ya se está aplicando en algunas comunidades autónomas vía subvención. «Nosotros preferimos el concierto, pero las subvenciones que se renuevan cada año también es admisible». La idea sería una ayuda pública por cada niño de tal forma que las familias tuvieran que pagar menos en las mensualidades.

Europa, además, había previsto fondos para fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar, aumentando el número de plazas gratuitas. «El problema es que España tradujo plazas gratuitas por plazas públicas y no tiene por qué ser necesariamente así». De hecho, a nivel económico sale mucho más ventajoso financiar una plaza privada que ya existe antes que crear una plaza pública desde cero. Y con ello, concluye Centeno, «también se evita el cierre de escuelas privadas, los profesores no se van al paro, la gente sigue pagando impuestos y, así, se crea crecimiento».