Familias piden al ministro Bustinduy un permiso remunerado para cuidar de menores

El permiso parental de ocho semanas para cuidar a un menor de hasta 8 años sigue sin estar retribuido en España a pesar de que la Directiva europea Relativa a la Conciliación de la Vida Familiar y la Vida Profesional para Progenitores y Cuidadores, aprobada en 2019, así lo exige. Su plazo de implementación vencerá el próximo 2 de agosto. Así, todo indica que España no cumplirá con esta normativa a tiempo.

Laura Baena, madre, activista y fundadora de la asociación por la conciliación Yo No Renuncio, se reunió el pasado jueves 4 de julio con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para abordar tanto este permiso parental remunerado como la aprobación de la Ley de Familias que, de aplicarse, formalizaría una prestación por crianza. Esta sería universal para reducir las trabas burocráticas a las que deben hacer frente los perfiles más vulnerables, quienes a menudo quedan fuera de las ayudas a las que tienen derecho debido a los laberintos administrativos. Esta Ley de Familias se llevó al Consejo de Ministros el febrero pasado para su tramitación en las Cortes Generales, pero se enfrenta a una continua adición de enmiendas que retrasa su aprobación final.

Durante el encuentro de Laura Baena con el ministro, según ha revelado el sitio web de la asociación que ella preside, Bustinduy afirmó que «no renuncio a sacar adelante los permisos parentales remunerados antes del 2 de agosto», aunque reconoció que lograrlo «no será fácil». Por su parte, Baena reivindicó «la necesidad de las familias de que se aprueben». Asimismo, condenó el «abandono» que los padres sienten durante los meses de verano en los que, debido al cierre de los centros escolares «no existen redes de apoyo y medidas de conciliación suficientes».

La presidenta de Yo No Renuncio hizo llegar al ministro de Derechos Sociales otras once exigencias para la Ley de Familias que se está tramitando. Entre otras, ampliar los permisos de nacimiento-acogida-adopción hasta las 24 semanas. También acabar con la obligatoriedad de acogerse a la seis primeras semanas inmediatamente después del parto, porque «creemos que es más efectivo dejar que cada familia se organice según sus circunstancias». O que la reducción de jornada por cuidado de menores «se amplíe hasta los 16 años y se haga extensiva a personas dependientes».