El nuevo curso parlamentario ha empezado fuerte. Y no porque el Gobierno haya perdido su primera votación, sino porque ha ganado una de enorme repercusión: la de la ley de eutanasia. Llama la atención que, en tiempos de muerte, enfermedad e incertidumbre, no sean los debates parlamentarios en torno a medidas de política económica, social y de salud pública los que animen el hemiciclo. O, por el contrario, pensándolo bien, quizás sean estas las mejores circunstancias para aprobar en el Parlamento La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. La ciudadanía está cansada, dolida, temerosa y no hay voces, al menos por el momento, capaces de imponerse por encima de las circunstancias para refutar con tanto entusiasmo como inteligencia los sofismas del supuesto nuevo dogma de fe.

La eutanasia no se discute, nos dicen sus defensores, porque es una evidencia que el ser humano goza de un derecho a la autodeterminación personal que no solo le legitima para poner fin a su vida, sino que exige que sean otros los que ejerzan el deber correlativo de procurarle legalmente el fin de la vida. Siempre tuve entendido que la vida y el cuerpo humano eran bienes indisponibles. Los defensores de la eutanasia consideran que no es así y que por eso hay que legalizar el deber de procurarla. La discusión, de producirse, sería extremadamente interesante. Los franceses la han abordado en materia de gestación por sustitución.

Tarde o temprano este será un tema que también los españoles tendremos que abordar. Antes, sin embargo, deberíamos provocar nuestros propios debates internos. Y ahora, el que corresponde, es el debate acerca de la eutanasia. No sé si llegamos tarde, pero quizás fuera mejor llegar con retraso a no llegar. Y por si el debate sobre el supuesto derecho a disponer sin límite alguno de nuestro cuerpo y de nuestra vida no diera resultados, aunque habría que intentarlo, siempre nos quedará el deber de procurar la vida multiplicando las iniciativas institucionales de cuidado, fomento y protección, no solo sanitarias, sino también y primeramente socioeconómicas. Y esto, aunque no lo haga el Estado, o, precisamente, porque no lo hace.