La UE pretende flexibilizar las condiciones para deportar a solicitantes de asilo a terceros países

La Comisión Europea ha planteado este martes modificar el concepto de «país seguro» para facilitar la expulsión de solicitantes de asilo. De salir adelante la iniciativa, por ejemplo, ya no sería necesario que exista una «conexión» entre el migrante y el país al que se le transfiere.

Los cambios se incluirán en el nuevo reglamento sobre procedimientos de asilo, que forma parte del Pacto de Migración y Asilo, cuya entrada en vigor está prevista para el año próximo. Según la Comisión, la propuesta es «coherente» con el enfoque de «una gestión migratoria más eficaz» establecido en dicho pacto. Alega que el plan apoya el objetivo de hacer más eficiente la tramitación de las solicitudes y «encontrar soluciones para cooperar y compartir la carga con terceros países».

Con las modificaciones de Bruselas, en primer lugar ya no será «obligatoria» la conexión entre el solicitante y el tercer país seguro, según un comunicado del Ejecutivo comunitario. No obstante, los Estados miembros «podrán optar» por aplicar el concepto de tercer país seguro cuando exista una conexión, si así se establece en su legislación nacional. Además, la Comisión plantea que el tránsito por un tercer país seguro antes de llegar a la UE también pueda considerarse ahora un vínculo suficiente para aplicar el concepto de tercer país seguro, recoge EFE.

Otra opción, cuando no exista conexión ni tránsito por un país seguro, será que exista «un acuerdo o convenio con un tercer país seguro», que «garantizará que se examine la solicitud de protección efectiva en el tercer país seguro, de modo que los solicitantes puedan recibir protección si está justificado».

Esto implicaría el traslado a naciones por las que el solicitante de asilo ni siquiera haya pasado. Con todo, esa posibilidad no se aplicará a los menores no acompañados. Un ejemplo de ese tipo de acuerdo sería el que ya existe entre Grecia y Turquía en materia migratoria, basado en el concepto de país seguro, indicaron fuentes europeas.

El portavoz comunitario Markus Lammert ha indicado en rueda de prensa que Bruselas no tiene previsto plantear ninguna lista europea de terceros países seguros. Será cada Estado miembro el que elabore la suya. Eso sí, la propuesta exige que informen a la Comisión y a los demás Estados miembros antes de celebrar acuerdos o convenios con terceros países seguros. Esto permitirá a Bruselas «supervisar que cumplan las condiciones establecidas en la legislación de la UE».

Además, para reducir los retrasos procesales y evitar abusos, Bruselas propone que los recursos contra las decisiones de inadmisibilidad basadas en el concepto de tercer país seguro ya no tengan un efecto suspensivo automático. Esto implica que se podrá seguir deportando a los solicitantes de asilo aunque recurran el rechazo a su petición.

El Ejecutivo comunitario recordó que, según la legislación comunitaria, los terceros países pueden considerarse seguros cuando cumplen una serie de condiciones. Entre ellas están la protección contra la devolución al país de origen, la ausencia de riesgo real de daños graves y de amenazas a la vida y la libertad por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política, así como la posibilidad de solicitar y recibir protección efectiva.

Tras la propuesta de este martes, los dos colegisladores (es decir, el Consejo y el Parlamento Europeo) deberán llegar a un acuerdo para su adopción y entrada en vigor. Cabe señalar que la primera propuesta del Pacto de Migración y Asilo se presentó en 2016 pero el acuerdo final no se adoptó hasta el año pasado.

El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, ha afirmado en un comunicado que los países de la UE «han estado sometidos a una importante presión migratoria durante la última década». Ha señalado asimismo que el concepto revisado de tercer país seguro «es otra herramienta para ayudar a los Estados miembros a procesar las solicitudes de asilo de forma más eficiente, respetando plenamente los valores y los derechos fundamentales de la UE».

La eurodiputada de Sumar Estrella Galán ha opinado que la propuesta «es un golpe letal al derecho de asilo». «Pretende legalizar deportaciones a terceros países donde las personas refugiadas jamás han estado y donde no se tienen vínculos ni garantías de protección».