La trata sigue inmune a la COVID-19

María —nombre ficticio—, una mujer de nacionalidad rumana, sufría explotación sexual y la pandemia no puso fin a su situación. La agravó y acrecentó. Estaba en la calle controlada por sus tratantes hasta que se decretó el confinamiento y fue trasladada a un piso para seguir allí con la actividad. Luego sería enviada a los domicilios de los prostituyentes para que estos no tuviesen que trasladarse por las restricciones. Fue esta circunstancia la que permitió escapar a María y ser rescatada por una de las mediadoras de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP). Hoy vive en un centro de protección de esta entidad y ha denunciado una red de trata.

Rocío Mora, directora de APRAMP, reconoce que es uno de los casos que más le ha tocado, fundamentalmente porque el deterioro de esta mujer «era brutal»; su circunstancia ha desembocado en problemas de salud, psicológicos y psiquiátricos. Esta, continúa, es la realidad de muchas mujeres que se encuentran en contexto de prostitución. Porque la trata con fines de explotación sexual no se ha visto condicionada por la pandemia. Ni durante el confinamiento ni en la segunda ola de contagios que vivimos.

De hecho, según explica Marta González, coordinadora del Área de Sensibilización de Proyecto Esperanza, de las Adoratrices, las redes se están organizando y adaptando muy bien a los diferentes contextos. «No hemos visto que les haya afectado», reconoce. En algunos casos, confirma Rocío Mora, no solo no han visto menguar su negocio sino que lo han ampliado. Al tener que cerrar los clubes, las mafias trasladaron a las mujeres y la actividad a pisos privados, lugares que tras la reapertura de los primeros siguen funcionando.

La historia de María pone de manifiesto que la situación de las mujeres prostituidas es de una gran vulnerabilidad, agravada todavía más en los últimos meses. Magdalena Alomar, coordinadora del Proyecto Casal Petit de las oblatas en Palma de Mallorca reconoce que muchas de ellas se han visto sin ingresos y sin poder cubrir ni siquiera las necesidades más básicas. Tanto es así que desde la entidad han utilizado una ayuda económica del Gobierno de Baleares para repartirla entre las mujeres. Desde que comenzó la pandemia ya han atendido a 400 personas, cuando la media anual suele ser de 250. Una realidad que está tocando a mujeres que se encontraban en un proceso de recuperación y que, como consecuencia de la pandemia y la pérdida de su empleo, vuelven a una situación de inestabilidad que las mafias y los tratantes aprovechan para volverlas a captar.

El ingreso mínimo que no llega

Si la aprobación del ingreso mínimo vital fue una gran noticia, pues muchas víctimas veían en ella una posibilidad de crecimiento, la realidad, tal y como denuncia Marta González, es otra. «Esta ayuda no se ha materializado y hay muchas dificultades para su gestión. No es solo una cuestión de colapso administrativo, sino de una falta de desarrollo reglamentario». Por ejemplo, el Plan de Contigencia contra las Violencias de Género del Ministerio de Igualdad asegura que las mujeres víctimas de trata que se encuentren en situación irregular tendrán derecho a esta prestación, pero como no hay un reglamento que lo recoja, se quedan fuera.

A González también le preocupa el Pacto Europeo de Migración y Asilo que, al poner el foco en el control de las fronteras, supone un problema para la identificación y detección de víctimas, que podrían ser expulsadas pese a ser susceptibles de protección. «A más blindaje de fronteras, menos vías legales y seguras, y más oportunidades para los traficantes», explica.

Desde APRAMP insisten en la necesidad de una ley integral contra la trata que garantice a las víctimas el acceso a recursos y ayudas, y que aporte mecanismos para que se pueda demostrar más fácilmente que mujeres prostituidas sufren trata. Ahora mismo solo es posible si la víctima lo reconoce de forma expresa, algo que no siempre es posible por las coacciones y amenazas que sufren de los tratantes.