Entidades de Iglesia: La regularización constituye un «paso decidido hacia una sociedad más justa e inclusiva»

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 14 de abril el real decreto que da inicio al proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, «una medida de responsabilidad política, ética y social». Así lo han calificado diferentes entidades de Iglesia en un comunicado conjunto, en el que advierten de la complejidad técnica y logística del proceso, pero en el que confiaban que al final se «dé respuesta a todas las personas que se encuentran en situación administrativa irregular».

En particular, desde la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la CEE se muestran esperanzados en que el proceso ofrezca una solución a quienes más tiempo llevan en situación irregular «y no logran regularizar su situación por las vías ordinarias de la normativa de extranjería».

No obstante, las entidades firmantes advierten de que «este objetivo únicamente será posible si la administración se dota de los medios adecuados para ofrecer información de calidad» y así «ofrece posibilidades de registro presencial de expedientes a todas las personas extranjeras potencialmente beneficiarias».

Asimismo, aseguran que «la acogida, la protección y la dignificación de las personas migrantes constituyen para la Iglesia una exigencia inherente a su misión». Y añaden: «No se trata únicamente de una opción pastoral, sino también una exigencia en materia de derechos humanos y por tanto de una expresión coherente del Evangelio en la vida pública».

REDES, CONFER, Cáritas y la CEE consideran además que la regularización extraordinaria de migrantes constituye un «paso decidido hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión». Por contra, «la irregularidad administrativa coloca a las personas que residen en España en una situación de fuerte vulnerabilidad, ya que limita gravemente su acceso a derechos básicos y las expone a múltiples formas de discriminación».