La primera presidenta de México se enfrentará al reto de pacificar el país

«La gente tiene miedo. Llegan camionetas con personas armadas y les dicen: “Tienen que votar el día 2 por este candidato”», relataba desde Chiapas a Alfa y Omega pocos días antes de las elecciones mexicanas Karen Pérez, directora del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) México. El jesuita Jorge Atilano González, director del Diálogo Nacional por la Paz, incluso compartió con este semanario sus dudas sobre si existía un clima adecuado para las elecciones municipales, estatales, legislativas y presidenciales.

Tras la campaña más violenta de los últimos tiempos, con 750 ataques a políticos desde septiembre —el triple que en 2021— y 231 asesinados —34 de ellos candidatos—, los comicios transcurrieron en una relativa calma, con solo algunos disparos al aire, incendios de centros electorales y robo de urnas en Chiapas, Michoacán y Querétaro. «Incidentes aislados pero no significativos», según Mario Ángel Flores, director del Observatorio del Episcopado Mexicano. Sí lamenta que «entre la clase más pobre hubo manipulación y compra de votos por parte del partido oficial», lo que ensombrece la histórica elección de una mujer. Al cierre de esta edición, con un 59,35 % de votos, Claudia Sheinbaum se perfilaba como sucesora de su compañero del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Creciente violencia

Los obispos quisieron el pasado lunes «resaltar el privilegio» que supone este hito. En un comunicado, pedían que Sheinbaum ejerciera el poder «con responsabilidad y sabiduría, buscando siempre el bien común». Y que «sobre todo iniciemos un periodo de reconciliación social». Para el director del Diálogo Nacional por la Paz, la violencia política es un síntoma del control sobre el territorio que ejerce el crimen organizado, de las disputas entre grupos y del «notable y creciente debilitamiento del Estado».

Desde la década pasada, «los grupos criminales vieron en las alcaldías un nuevo negocio para acceder a recursos económicos» y diversificar sus ingresos más allá de las drogas. Imponiendo mediante el miedo la victoria de candidatos que los favorezcan, logran protección policial y el control de negocios como la tala de árboles, la venta de alcohol y tabaco, «las cantinas y ferias». Y pagan bien los servicios prestados a las instituciones públicas. «Mientras las autoridades no estén dispuestas a renunciar a estos ingresos, va a ser muy difícil resolver el problema», asegura González.

La propuesta de la Iglesia

La reacción del Gobierno con López Obrador fue insuficiente. Se centró en que la Guardia Nacional, cuerpo militar, sustituyera a la Policía Federal; pero poco podía lograr sin la colaboración de los agentes locales. Y a estos no los fortaleció frente a los criminales con medios y formación, explica el jesuita. La militarización trajo además, denuncia la directora del SJR México, un «cambio total» en la política migratoria: «más violencia» hacia los migrantes —«han circulado vídeos cazándolos con palos y piedras»—, «más desapariciones», trabajadores con mentalidad castrense en puestos de atención a personas vulnerables y trabas a la labor de las ONG.

La Iglesia quiere contraponer a las «alianzas criminales» una «gran alianza» de funcionarios y políticos «con interés en que las cosas cambien», que los hay; «empresarios, académicos» y entidades católicas. Así nació el Diálogo Nacional por la Paz (DNP). 641 candidatos municipales y todos los estatales y presidenciales, incluida Sheinbaum, firmarán su Compromiso Nacional por la Paz. Incluye medidas para reconstruir el tejido social, mejorar la seguridad y el sistema judicial y penitenciario, favorecer gobernanzas democráticas y proteger los derechos humanos. Pasada la votación, su director es cautamente optimista. Reconoce que «si lo dejamos así no lo van a hacer». Por eso ahora están creando espacios de diálogo entre políticos y ciudadanos para hacer un seguimiento e implantar buenas prácticas a nivel local.