La justicia en el transporte público

Hace unos días se inauguraba el curso judicial con la sonrojante circunstancia de que los dos partidos con mayor representación parlamentaria, PSOE y PP, llevan nada menos que cuatro años sin ponerse de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y lo peor es que cada uno va defendiendo tesis diferentes según se encuentre en la oposición o gobernando, a pesar de la literalidad y expresividad con que se pronuncia el artículo 122.3 de nuestra Constitución. Lo que permite concluir que las leyes orgánicas que lo han desarrollado deben revisarse, como nos ha indicado la Unión Europea.

No sé si este tema forma parte de los comentarios en el transporte público, como manifestó la ministra de Justicia; lo que sí es patente es que no es una cuestión baladí. El enorme interés de los políticos en el proceso de renovación del CGPJ pone de manifiesto su expreso deseo de influir partidistamente en los nombramientos de 20 vocales de un órgano que elige, entre otros, a los miembros del Tribunal Supremo; quienes, a su vez, son los competentes para enjuiciar muchas de las causas de los políticos.

Mientras los jueces muestran su independencia día a día en el ejercicio de sus funciones, su órgano de gobierno vive bajo los intentos de los poderes legislativo y ejecutivo de controlarlos. Y desafortunadamente nos hemos ya acostumbrado a escuchar la expresión de jueces progresistas o jueces conservadores». El lamentable espectáculo de la (no) renovación del poder judicial contamina el extraordinario trabajo y esfuerzo de la inmensa mayoría de los jueces que se preocupan por darle sentido y contenido a los valores constitucionales de imparcialidad e independencia.

Una justicia que se percibe como partidista no solo genera desconcierto e indignación popular, sino que es uno de los principales catalizadores de la inestabilidad y la peor calidad democrática. No en vano este episodio ha supuesto una calificación por primera vez de nuestra democracia como defectuosa en The Economist a principios de año o, en julio, en el Informe sobre el Estado de Derecho, de la UE.