La criminalización de la pobreza y la inmigración en Europa. La dignidad de la persona, lo primero

Ya se lo decía Carol, una mujer siria, al Papa Francisco durante su visita al centro Astalli de Roma: «Nuestra esperanza era llegar con vida a Europa. Pero nuestros sufrimientos tampoco encuentran paz aquí. Nuestros derechos humanos y nuestra dignidad son pisoteados por la indiferencia y la superficialidad con la que nos tratan».

En Italia, la inmigración ilegal es delito y se califica de cómplice a quien lleve al país personas sin permiso de entrada. La ley es aplicable a los pescadores que rescataron a las víctimas del naufragio de Lampedusa. Otros barcos, por si acaso, pasaron de largo, según relatan los supervivientes.

«Salvar vidas» es un «imperativo moral básico», afirman, en la Declaración conjunta No podemos poner fronteras a nuestra preocupación, los Provinciales jesuitas en Europa, Oriente Medio y África-Madagascar. El documento pide, además, detener el envío de armas a países en conflicto y mejorar las condiciones de los inmigrantes que llegan a Europa, a menudo detenidos «en condiciones inhumanas».

Europa se endurece

El comunicado se hizo público el viernes, coincidiendo con la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que incluyó el tema de cómo evitar tragedias humanitarias como la de Lampedusa. «Los Estados europeos tienen que ver cómo solucionar esta situación, afrontando de verdad posturas de co-desarrollo con los países de origen. Nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos tragedias como la de Lampedusa, pero no ponemos remedios eficaces», señala a este semanario monseñor Ciriaco Benavente, obispo de Albacete y Presidente de la Comisión de Migraciones.

El asunto está en la calle. En Francia, se ha abierto un intenso debate tras la deportación de una joven kosovar de 15 años. Y en el Reino Unido, el Gobierno ha enviado más de 40.000 mensajes electrónicos a personas en situación irregular, para que se pusieran en contacto con las autoridades, mientras ponía en los autobuses de Londres carteles con el mensaje «Go home or face arrest» (vuelvan a sus países o les detendremos). Una de las denuncias de la Declaración de los jesuitas es el auge del «populismo extremista» de corte xenófobo en Europa, al que de ningún modo debe permitírsele dictar «el tono del debate político» ni marcar la agenda.

«Me duele que Europa tenga política de restricciones y penalización, más que la de favorecer a las personas que necesitan ayuda», señala a este respecto monseñor Benavente. Desde Cáritas Española, don Francisco Aperador, miembro del equipo de migraciones, resalta que, «por encima de la gestión política coyuntural, están los derechos básicos y la dignidad de la persona», y afirma que «no podemos aceptar todas estas medidas y cuestiones que criminalizan y señalan a los inmigrantes».

España penaliza la mendicidad

España también se suma a la tendencia de criminalizar a quienes más lo necesitan. En la localidad alicantina de Benidorm, el Ayuntamiento sancionará a las personas que piden en la calle. La ordenanza también contempla facilitar un billete de autobús de regreso, a los mendigos, a la localidad donde están empadronados.

Paralelamente, en Madrid, el equipo consistorial ha preparado un borrador, pendiente de aprobación, que propone sancionar la mendicidad –pedir a la puerta de un centro comercial, por ejemplo, se multaría con 750 euros–. Ya en 2011, se debatió una ley para retirar a los sin techo de las calles, pero quedó finalmente en agua de borrajas. Organizaciones como la Comunidad de Sant’Egidio protestaron con firmeza: «Los pobres no afean nuestras calles», señaló don Jesús Romero, portavoz de la institución; «esconder esta realidad evita que los ciudadanos sean partícipes del drama que hay detrás de cada mano que pide ayuda»; y afirma que «cada persona sin hogar esconde una historia de dolor única y personal».

Donde sí se aplicó una medida similar fue en Valladolid. Según una ordenanza de 2012, los mendigos podían ser castigados hasta con 1.500 euros. Un año después, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León suavizó el texto, que ahora se limita a los casos de mendicidad con acoso a los ciudadanos, o cuando su práctica se vincule a las mafias. «A los problemas sociales, hay que dar respuestas sociales», señalaba Cáritas Valladolid.

En todo caso, la tendencia está ahí, y exige un esfuerzo de pedagogía con la opinión pública. «No es admisible la utilización de personas migrantes como un instrumentos para distraer la atención de otras cosas que están sucediendo», afirma Aperador. «Estos hechos criminalizan a los pobres, y los convierten en causantes del sufrimiento local. Esto es muy peligroso para la convivencia», señala.