El informe de delitos de odio de la CEE «constata que el porcentaje más alto de ofensas es a los católicos»

Durante la Comisión Permanente, celebrada este lunes y martes, la Oficina de recepción de denuncias de delitos de odio y ofensas por motivos religiosos —creada hace un año— ha presentado su primer informe. El documento no será público de momento. Se «ha decidido, antes de su publicación, que pase a la próxima Asamblea Plenaria», ha explicado el secretario general de la CEE, César García Magán, este miércoles.

A pesar de ello, el también obispo auxiliar de Toledo ha adelantado que en el documento «se constata que el porcentaje más alto de ofensas es a los católicos». En este sentido, ha pedido que «el mismo respeto y sensibilidad que se tiene para otras religiones monoteístas se tenga también con los católicos».

Durante la rueda de prensa posterior a la Permanente, el secretario general ha reconocido que la oficina «no pretende sustituir a nadie». En este sentido, ha explicado que la secretaría de Estado del Vaticano «pide todos los años a las Conferencias Episcopales un informe sobre los delitos de odio y la persecución que se hubiera producido en el país». A partir de ahí, «es un servicio que quisimos implementar».

No obstante, cabe señalar que la creación de la oficina por parte de la CEE coincidió en el tiempo con el anuncio del Gobierno, que manifestó su intención de reformar el código penal para eliminar el delito de ofensas a los sentimientos religiosos.

Preguntado por los periodistas acerca de las intenciones del Ejecutivo, García Magán ha afirmado que «resulta raro que en un país se quite protección jurídica a las altas instancias del Estado, como es la corona, o a algo tan fundamental como son las creencias, y en otras cosas se permita» la ofensa.

Problema grave

Durante la rueda de prensa, el obispo auxiliar también ha aseverado que «el problema de la corrupción política es grave», y se aprecia en las últimas «sentencias», ha dicho sin referirse específicamente a la condena a 24 años de cárcel impuesta contra el exministro de Fomento, José Luis Ábalos.

«Este Gobierno se comprometió a acabar la corrupción en la moción de censura. Es tarea de ellos, por tanto, ver si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a combatir», ha incidido García Magán. «Hay que ver si es que se puede mantener la situación actual. Y si no, la Constitución ofrece distintas posibilidades que tendrán que ser tenidas en cuenta».