Gran preocupación de los obispos de Inglaterra y Gales por la aprobación de la ley de la eutanasia

Después de que este martes el Parlamento británico diera luz verde a la despenalización del aborto en Inglaterra y Gales a través de la aprobación del Proyecto de Ley sobre Delincuencia y Policía, este viernes ha admitido la ley que permite la eutanasia en estos mismos territorios. La votación de la llamada Ley sobre el final de la vida de adultos enfermos terminales ha salido adelante con un margen de 23 votos, de 605 parlamentarios.

Inmediatamente después de este consenso, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Inglaterra y Gales, el cardenal Vincent Nichols, ha emitido un comunicado en el que asegura que este hito «transforma fundamentalmente los valores y las relaciones arraigadas de la sociedad en materia de vida y muerte».

«La tarea ahora está clara: se debe hacer todo lo posible para limitar el daño que causará esta decisión», ha afirmado Nichols, que ha lamentado que no se hayan debatido en el Parlamento las recomendaciones que hizo la Comisión Pública de Cuidados Paliativos y al Final de la Vida. «La posibilidad de elegir morir no puede excluir la prestación de cuidados con los recursos adecuados para quienes eligen vivir hasta una muerte natural», ha recalcado el prelado, que ha asegurado que «la decisión del Parlamento no altera nuestra firme convicción en la santidad de la vida, que nunca es una simple carga, sino siempre un don de Dios, dado y recibido».

Así también ha recibido la noticia el arzobispo de Liverpool y responsable sobre las cuestiones de vida de la Conferencia Episcopal, John Sherrington, quien ha asegurado que los obispos de Inglaterra y Gales se sienten «sorprendidos y decepcionados» ante la aprobación de esta ley, que tiene «deficiencias de principio, con varias disposiciones que nos preocupan profundamente».

Entre las principales preocupaciones, Sherrington destaca que «permitir que la profesión médica ayude a los pacientes a terminar con su vida cambiará la cultura de la atención médica y generará temores legítimos entre las personas con discapacidad o especialmente vulnerables». También ha expresado incertidumbre por el futuro de los cuidados paliativos «porque la experiencia demuestra que, a menos que existan protecciones explícitas, los hospicios podrían verse obligados a cooperar con el suicidio asistido».

Esta ley legaliza la muerte para los mayores de edad que tengan una esperanza de vida inferior a seis meses, con la aprobación de un comité formado por médicos, un psiquiatra y un abogado. Aunque haya salido adelante en la Cámara de los Comunes, aún queda la votación en la Cámara de los Lores, donde se espera que sea aprobada finalmente. Mientras, obispos y cardenales exigen una mejora de los cuidados paliativos tanto durante la enfermedad como la discapacidad y la vejez, ya que «la vocación de cuidar es fundamental en la vida de tantas personas que cuidan de sus seres queridos y es signo de una sociedad verdaderamente compasiva».