Fresas amargas: así son los asentamientos en Huelva

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Cerca de 3.000 personas malviven en asentamientos insalubres durante la temporada de la fresa en Huelva. Foto: Díaz Japón

La bonanza económica que atraviesa el sector agrícola de Huelva gracias al cultivo de la fresa esconde la amarga realidad de los asentamientos de inmigrantes, hacinados en condiciones infrahumanas. Cáritas Huelva ha denunciado su situación en un informe

Todos los años por estas fechas se repite la misma situación: el Servicio Andaluz para el Empleo publica un anuncio ofertando trabajo de temporada en la campaña de la fresa y de otros frutos rojos en la provincia de Huelva. Son miles de empleos de apenas dos meses de duración en los que se advierte: «Las empresas no se comprometen a ofrecer alojamientos gratuitos». El resultado: amplias extensiones de chabolas e infraviviendas en las que cerca de 3.000 españoles e inmigrantes, con papeles o sin ellos, malviven durante meses y a veces durante todo el año junto a los campos de fresas que dotan de bonanza económica a toda la provincia.

«Son condiciones de vida inhumanas e intolerables en la sociedad del bienestar en pleno siglo XXI, unas duras condiciones de vida que inciden en procesos de vulnerabilidad social en todos los casos y en verdaderas realidades de exclusión en muchas de estas personas», constata el informe Realidad de los asentamientos en la provincia de Huelva, hecho público por la Cáritas diocesana y otras siete entidades sociales la pasada semana.

Cada año cerca del 20 % del trabajo se queda sin cubrir, lo que supone la ansiada oportunidad laboral para cientos de personas que para trabajar se ven obligadas a malvivir en condiciones precarias. Así, el informe destapa «la falta de infraestructuras: dispositivos locales de acogida, de hospedaje y ubicación de los trabajadores», lo que tiene como consecuencia «la aparición de infraviviendas y chabolas en las localidades agrícolas y freseras de la provincia»; algo que con el paso del tiempo «ha acabado convirtiéndose en un elemento más dentro de la estructura urbana o rural».

Desde Cáritas Huelva denuncian que «el empresariado no facilita, en la mayoría de los casos, el alojamiento de los trabajadores en sus terrenos, y los habitantes locales se niegan a alquilar sus casas a personas extranjeras», por lo que el acceso a la vivienda se ha convertido en «un problema de primer orden».

Dos jóvenes subsaharianos en el poblado de Las Madres, en Mazagón. Foto: J.M. Serrano

En cuadras de animales

Durante estas fechas previas a la recogida de la fresa y de los berries o frutos rojos, comienzan a llegar cientos de personas que buscan su lugar para vivir en la zona. Los que no pueden acceder a una vivienda digna se ven obligados a construirse una chabola o a meterse en almacenes de campo, edificios abandonados y hasta cuadras de animales.

La mayor parte de ellos son hombres de entre 18 y 45 años, aunque también hay menores no acompañados y mujeres. Más de la mitad proceden de Marruecos, Mali y Senegal, aunque también hay una nutrida presencia de subsaharianos, algunos pakistaníes y unos pocos españoles.

Se estima que el 74 % de ellos tiene su situación administrativa regularizada en España y que tan solo en torno a un 3 % no posee la documentación en regla; el 23 % restante se encuentra a la espera de regularizar su situación. De todos ellos, tan solo uno de cada diez consigue tener un empleo varios meses al año, mientras que la mayor parte de ellos subsisten «infra-empleados, inmersos en la economía sumergida o soportando situaciones de explotación laboral», denuncia el informe. También hay mujeres de origen subsahariano que recurren a la prostitución para vivir.

Medidas urgentes

Para Cáritas, las consecuencias de vivir así no solo implican el no poder hacer uso de servicios básicos de carácter asistencial relacionados con la salud, la educación o el transporte, sino que «estos hombres y mujeres conviven a diario con la inseguridad, la insalubridad, la falta de recursos económicos y sociales, y la segregación». Además, hay otras consecuencias graves, como el alcoholismo, el consumo de drogas, la violencia de género y el desarrollo de trastornos mentales.

Por todo ello propone una serie de medidas básicas como la limpieza de las zonas en las que se encuentran los asentamientos o el acceso al agua corriente. Pero más allá de eso solicita la implicación de las administraciones locales, provinciales, regionales y nacionales con el objeto de garantizar el acceso a la atención sanitaria, a la inserción laboral, a un alojamiento digno y el derecho de disfrutar de un servicio de orientación jurídica, así como la posibilidad de facilitar el empadronamiento de todas estas personas.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo