Eritrea, la Iglesia afronta el estricto control del Gobierno de Asmara
Seminaristas forzados a realizar el servicio militar, sacerdotes a los que se les prohíbe salir del país y cristianos encarcelados por razones religiosas. Según se detalla en un informe de las Naciones Unidas, el Gobierno de Asmara –la capital de Eritrea– es responsable de graves violaciones de los derechos humanos. Un numeroso grupo de la población está actualmente detenido y es sometido a trabajos forzados, mientras el resto de los habitantes soportan un estricto sistema de supervisión y control del que tampoco se libran los grupos religiosos
No obstante, la comunidad católica de Eritrea es muy activa. Así, por ejemplo, en Asmara, donde los católicos apenas representan el 4 % de la población local, la Iglesia gestiona más de 50 escuelas y 30 centros médicos y de asistencia social. Igualmente, la Iglesia está en primera línea en lo que se refiere a la denuncia de los abusos del Gobierno: en la Semana Santa de 2014, los Obispos católicos publicaron una sentida carta pastoral en la que denunciaban la gravedad de la situación que atraviesa el país, que estaba forzando a gran número de eritreos a emigrar. «Los creyentes de todas las religiones apreciaron enormemente esta carta pastoral», asegura la fuente de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
«Muchos nos dijeron que éramos su única esperanza, pues era imposible hablar abiertamente sobre lo que ocurre en nuestro país. No obstante, la Iglesia tiene que actuar con prudencia, pues, de otra manera, el Gobierno podría cerrar sus centros». Junto con el Islam, la Iglesia Ortodoxa Eritrea y la Iglesia Protestante, la Iglesia Católica es uno de los cuatro grupos religiosos reconocidos por el Estado, aunque esto no signifique que los católicos disfruten de una libertad religiosa plena. «Sobre el papel, podemos asistir libremente a nuestras celebraciones litúrgicas, pero, en la práctica, el Gobierno hace todo lo posible para impedírnoslo», informa la fuente de AIN. De hecho, no es infrecuente que coincidiendo con la Misa de domingo o con ocasión de otras festividades cristianas, las autoridades organicen actos políticos o deportivos a los que hay que asistir obligatoriamente. «Este año ha vuelto a ocurrir en Viernes Santo», explica la fuente, que añade que muchos cursos escolares también tienen lugar los domingos.
Por desgracia, el control ejercido por el Gobierno de Asmara va incluso más allá: hay numerosos intentos de forzar al clero católico a hacer el servicio militar, que es obligatorio para todos los hombres hasta los cincuenta años y para todas las mujeres hasta los cuarenta. Nuestra fuente también sostiene que decenas de seminaristas han desaparecido durante el periodo de reclutamiento, sin que se haya vuelto a saber de ellos. «Ahora ya no permitimos que esto vuelva a ocurrir, pero las autoridades no permiten salir del país a quien no haya realizado el servicio militar y, como consecuencia, los sacerdotes no pueden salir al extranjero para estudiar». Esto repercute en su formación religiosa, y así, el plantel docente no puede renovarse. «Solo tenemos un docente de Sagrada Escritura; si algo le ocurriera, no sabríamos cómo reemplazarle». Este férreo control del Gobierno es visto como un intento de amedrentar a la Iglesia Católica para que guarde silencio. «Preferirían que no gozáramos de una buena formación, porque entonces podrían controlarnos más fácilmente», concluye la fuente.
Nuestra fuente también confirma el trágico destino de miles de eritreos detenidos por motivos políticos o religiosos. «Son encerrados en cárceles subterráneas, donde se olvidan de ellos. Ni siquiera sus familias saben dónde están». Según constata el último Informe sobre libertad religiosa en el mundo de AIN, se estima que al menos 1.200 cristianos están en prisión, a menudo, por motivos puramente religiosos. En Eritrea, muchos prisioneros son víctimas de torturas, y se cree que entre estas víctimas hay muchos líderes cristianos, sobre todo, pentecostales. Algunos de estos últimos ya han muerto en prisión. Incluso se cree que el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Eritrea, elegido canónicamente, está en arresto domiciliario, y que ha sido reemplazado por otro Patriarca cercano al régimen.
Las autoridades también han prohibido la publicación de algunos documentos de la Iglesia Católica, a la que consideran «culpable» de denunciar injusticias y abusos. Entre dichos documentos se encuentra la traducción al tigrinya de la Doctrina Social de la Iglesia que, según los censores, aborda temas políticos.