El derecho de la Iglesia a opinar

Al toque de corneta de Zapatero y Bolaños, una legión de odiadores se lanzaban a postear contra la Iglesia española. El detonante eran estas palabras del arzobispo de Valladolid, Luis Argüello —también presidente de la Conferencia Episcopal Española—: «La salida a este bloqueo institucional es dar voz a los ciudadanos». Es decir, pedía elecciones anticipadas. El expresidente Zapatero le respondía: «¿Por qué no las pidieron con Franco?»; y el ministro de Justicia acusaba a la Iglesia de estar «en comunión espiritual y política» con la ultraderecha.

Tras esas reacciones, imaginen lo que vino escondido bajo el anonimato que brindan las redes. La situación es más terrible de lo que parece. Porque hemos llegado a un punto en el que expresar una opinión basada en una realidad incontestable (el bloqueo político, sirva el ejemplo de los presupuestos) se ha convertido en un motivo para colgar a quien la pronuncia, y por ende a toda la Iglesia, el cartel de facha. Otro colectivo más para la fachosfera. Otro enemigo más de esa lista interminable que el Gobierno va colocando al otro lado del muro en su estrategia de división y polarización extrema.

Oiga, que 150 socialistas y personalidades influyentes de la izquierda acaban de pedir lo mismo. ¿Son también ultraderecha? Resulta ridículo el argumento de si no estás conmigo en todo lo que haga o digo eres ultraderecha.

Los que dan lecciones de democracia podrían explicar qué hay de malo en pedir elecciones. Forma parte de las reglas del juego. Además, ¿por qué acusan a la Iglesia de parcialidad? ¿Acaso ha pedido Argüello que la gente vote o deje de votar a algún partido? Lo antidemocrático es intentar que no se ejerza un legítimo derecho a manifestar opiniones públicamente. Y demuestra la lucha de algunos, que no cesa, por recluir la fe y la doctrina al ámbito de lo privado.