EE. UU. quiere retirar las ayudas a la vivienda a 25.000 familias migrantes con hijos ciudadanos

La ley de Estados Unidos permite que las familias con miembros ciudadanos o residentes legales del país (sobre todo niños, unos 55.000 en la actualidad) se beneficien de ayudas a la vivienda aunque otros parientes estén indocumentados. Retirar este apoyo social a 25.000 familias en riesgo de exclusión, como pretende la Administración Trump, las obligará a elegir entre separarse y renunciar a su vivienda, denuncia la Iglesia

Alfa y Omega
Foto: CNS

La ley de Estados Unidos permite que las familias con miembros ciudadanos o residentes legales del país (sobre todo niños, unos 55.000 en la actualidad) se beneficien de ayudas a la vivienda aunque otros parientes estén indocumentados. Retirar este apoyo social a 25.000 familias en riesgo de exclusión, como pretende la Administración Trump, las obligará a elegir entre separarse y renunciar a su vivienda, denuncia la Iglesia

La Iglesia católica en Estados Unidos ha criticado con firmeza una propuesta de la Administración federal de Estados Unidos que amenaza el derecho a una vivienda digna de 108.000 personas, de las cuales 55.000 son menores ciudadanos del país o con permiso de residencia.

La nueva norma que prepara el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y que se presentó el 28 de junio pretende, en teoría, impedir que los inmigrantes ilegales accedan a ayudas a la vivienda. Pero uno de los grupos más amenazados si llega a implementarse son las familias mixtas, en las que conviven inmigrantes ilegales (normalmente los padres, o uno de ellos) y ciudadanos o residentes legales (niños nacidos en el país o jóvenes dreamers, que se benefician del programa DACA porque entraron ilegalmente en el país siendo niños y no pueden ser expulsados).

Solo en el primer grupo entran 25.000 familias, formadas por 108.000 personas. En ellas, el 70 % de sus miembros son ciudadanos o residentes legales. De estos últimos, tres cuartas partes (55.000) son niños. Hasta ahora, estas familias recibían ayuda a la vivienda de forma proporcional al número de sus miembros que estaba en el país legalmente. Pero la nueva regulación pretende acabar con esta ayuda parcial.

La decisión ha movido a los comités de Migraciones y de Justicia Nacional y Desarrollo Humano de la Conferencia Episcopal del país, así como a la federación de ONG Católicas de Estados Unidos, a la Red Católica de Inmigración Ilegal y a la Asociación Católica para la Salud a dirigirse oficialmente al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano para solicitarle que paralice la puesta en marcha de esta norma.

Separarse o la pobreza

De implantarse –argumentan las entidades en su escrito–, esta regulación «tendría un impacto devastador para las familias mixtas, socavando su unidad y estabilidad». Esos padres tendrían que enfrentarse a «una decisión desgarradora: sufrir una separación familiar para que los miembros aptos puedan seguir siendo idóneos para los programas de subsidio para la vivienda, o seguir juntos y renunciar a toda ayuda».

Esto afectaría incluso a familias cuyos miembros son todos residentes legales, si algunos de ellos está incluido en ciertas categorías que la propuesta normativa excluye de las ayudas, como los dreamers.

Las consecuencias negativas de cualquiera de las dos opciones las sentirán «de forma grave y desproporcionada los hijos, incluidos decenas de miles de ciudadanos estadounidenses». Es, por tanto, «una elección que no se debería obligar a ninguna familia a tomar».

El texto de la Conferencia Episcopal y el resto de instituciones católicas subraya además que la nueva medida sería ilegal, ya que la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980 «permite explícitamente la asistencia económica si al menos un miembro de la familia ha sido considerado apto y si la asistencia es prorrateada según el número de personas idóneas» en esa unidad familiar.

Multas a pesar de haberse acogido a sagrado

La nueva normativa entra dentro de una serie de decisiones de la Administración Trump que parecen destinadas sobre todo a presionar y atemorizar a los inmigrantes. Otra de estas medidas, anunciada en los últimos días, es la imposición de multas de cientos de miles de dólares a los indocumentados que desobedezcan sus órdenes de deportación. Incluidos los que se han refugiado en iglesias para evitar su detención.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense (ICE, en inglés) envió en los últimos días una serie de avisos a inmigrantes en todo el país en los que les ordenaba pagar multas de hasta 500.000 dólares por «no abandonar Estados Unidos como se acordó previamente», de acuerdo con documentos revisados por la Radio Nacional Pública del país.

«La intención de ICE es ordenarle que usted pague una multa por la cantidad de 497.777 dólares», escribió una funcionaria del ICE, Lisa Hoechst, en una carta fechada el pasado 25 de junio y enviada a Edith Espinal Moreno, una inmigrante mexicana de 42 años.

Espinal llegó a Estados Unidos con sus padres cuando tenía 16 años y tiene tres hijos, entre ellos dos que son estadounidenses. Desde que un juez ordenó su deportación hace dos años, ha estado viviendo en una iglesia en Ohio para esquivar a las autoridades migratorias.

«Quieren asustarme porque saben que estoy en un santuario. Y saben que no tengo esa cantidad de dinero», afirmó Espinal a NPR.

«Ya de paso, que pidan mil millones»

El ICE también notificó este lunes a Rosa Ortez Cruz, una hondureña de 38 años que vive en una iglesia en Chapel Hill (Carolina del Norte), de que le exigía 314.007 dólares si sigue evadiendo su orden de deportación, de acuerdo con el Post.

«¿Pedir más de 300.000 dólares a una persona que no tiene nada? Ya de paso, que pidan un millón de dólares, o mil millones. Ella no tiene nada de valor monetario. Está desempleada, vive en una iglesia», afirmó al rotativo el abogado de Ortez Cruz, Jeremy McKinney.

También hay inmigrantes afectados por esos avisos de multa en Colorado, Utah, Virginia y Texas, señalaron ambos medios.

Legal, pero novedoso

La ley estadounidense permite al menos desde 1996 que el Gobierno federal imponga multas por la vía civil a indocumentados sujetos a órdenes de deportación, pero en la práctica esas penalizaciones solo se exigían en casos contados, y no solían superar los mil dólares, según expertos consultados por el Post.

El ICE asegura, sin embargo, que la ley les permite imponer multas de hasta 500 dólares por cada día que un inmigrante viole la orden de deportación, y comenzó a enviar sus avisos de multa en diciembre pasado, aunque da a los indocumentados un plazo de un mes para apelar la decisión, indicó NPR.

«El ICE está comprometido a usar varios métodos –incluidos el arresto, la detención, el monitoreo tecnológico y las penalizaciones financieras– para aplicar la ley migratoria estadounidense y mantener la integridad de las órdenes legales emitidas por jueces», señaló en un comunicado un portavoz de la agencia, Matthew Bourke.

EFE/Alfa y Omega