Son muchas las instituciones que reclaman el derecho a la educación. Los Gobiernos, aprovechando el deber de velar para que todos los ciudadanos reciban la educación acorde con su identidad, edad y proyecto de vida, procuran orientarla, más o menos disimuladamente, al servicio de sus intereses políticos a corto o a largo plazo. De ahí que las leyes de educación vayan cambiando según las ideologías que detentan el poder. ¿Es esto legítimo? Sencillamente, no.

El Estado ha de procurar que ningún ciudadano carezca de los medios para adquirir la educación que necesita. Pero una cosa es procurar los medios y otra imponer líneas y métodos educativos. Eso corresponde a los padres durante la minoría de edad de los hijos, y a cada persona joven o adulta, de acuerdo con sus ideas y creencias, y según su personal proyecto de vida. De ahí que, entre los derechos fundamentales de la persona figure el de la libertad de educación. Éste es un derecho que ningún político se atreve a negar, pero que raramente cumplen del modo adecuado.

La educación no es ni pública ni privada. Podrá ser de iniciativa gubernamental, o de iniciativa social. Ambas han de ofrecerse como opciones entre las que elegir libremente. El erario público, que los ciudadanos aportan por los procedimientos de contribución, debe atender a las distintas opciones educativas presentes en la sociedad, siempre que éstas respeten los principios básicos de la convivencia democrática. ¿No se atienden desde el erario público muy distintas actividades culturales, festivas, de ocio y de otros órdenes? Si respetamos estas mínimas y básicas reglas de juego, necesarias en una sociedad democrática, entenderemos que la Iglesia, como institución públicamente reconocida en la sociedad, en cuyas raíces está presente y operante el cristianismo, tiene pleno derecho a educar a quienes se lo pidan. En consecuencia, la Iglesia tiene derecho a crear sus instituciones educativas, a ampliarlas según la demanda, y a recibir del Estado, para ello, el apoyo económico necesario. El pensamiento y la actuación contrarios pertenecen a criterios sectarios o absolutistas, que es lo mismo que dictatoriales.

+ Santiago García Aracil