Cuando la salud ya no es un derecho básico

P., inmigrante liberiano en situación administrativa irregular, portador del VIH, ya no podrá acceder a la medicación que necesita para su tratamiento. Y., de origen maliense, tiene una enfermedad degenerativa en la visión que, a partir de ahora, no será tratada. Se quedará ciego en cuestión de meses. J. es un joven mexicano que sigue un estricto tratamiento médico para controlar su esquizofrenia. Sin el acceso a su medicación y al seguimiento de su médico, su enfermedad psiquiátrica estará descontrolada.

A la medida ya se la conoce con el sobrenombre del apartheid sanitario. La ratificación, el pasado jueves, del Decreto Ley 16/2012 que, entre otras medidas, elimina el derecho a la asistencia sanitaria «especialmente a las personas de los sectores más frágiles de la sociedad —desempleados de larga duración, 160 mil personas migrantes en situación irregular, ancianos…—, viola los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia; primero, el del bien común, y segundo, el de la solidaridad»: así lo ha expresado el sacerdote jesuita padre Daniel Izuzquiza, coordinador del Centro Pueblos Unidos, del Servicio Jesuita a Migrantes.

Ahorro… ¿real?

La reforma mantiene únicamente el acceso gratuito a los menores, a las mujeres embarazadas y el servicio de urgencias: una medida que, según un médico de urgencias que prefiere mantener el anonimato, «no está del todo claro que suponga un recorte económico, porque la atención hospitalaria es más cara que la atención primaria». Por poner un ejemplo: las personas con enfermedades crónicas —diabetes, hipertensión, etc.— que no puedan acceder, a partir de ahora, a un control periódico, «es muy probable que sufran descompensaciones más frecuentes y más graves, con lo que la necesidad de atención es mayor. Un paciente que reingresa con frecuencia, consume muchos recursos sanitarios» explica el facultativo.

Otra de las consecuencias negativas de la medida será la sobrecarga en los servicios de urgencias —que, en muchos hospitales, ya existe—. Para el médico, la saturación actual de este servicio procede de «la demora para ser atendidos en el centro de salud o en el especialista», y en «la inadecuada educación sanitaria que hay en este país: la gente, por miedo, acude a urgencias por procesos banales»; desconocimiento que, asegura, «es más acusado en personas con un bajo nivel cultural o inmigrantes que no hablan español». Así que, «tras la entrada en vigor de la medida, no sé cómo vamos a poder trabajar y ofrecer un servicio de calidad a nuestros pacientes. Es imposible, no damos más de sí», reconoce el médico de urgencias. Aunque, según el profesor y médico don Luis Andrés Gimeno, de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, la utilización del sistema sanitario en España por parte de la población inmigrante es inferior al que correspondería, por edad y sexo, respecto a los españoles, y recuerda que «hay que tener en cuenta que la mayoría de inmigrantes irregulares son jóvenes y sanos».

Salud pública, en peligro

La reforma sanitaria también repercutirá en la calidad de la salud pública: «Hay enfermedades, como las infecciosas transmisibles —véase la tuberculosis, que, según un informe de Médicos del Mundo, en España tiene un alto número de infectados—, cuya detección y tratamiento para evitar nuevos contagios es fundamental», explica el médico anónimo. De hecho, «desde el punto de vista económico, sería mucho más caro tener que tratar a los ya enfermos que prevenir los contagios», añade.

Éste es uno de los puntos clave de la Declaración conjunta de la sociedad civil sobre el acceso a servicios de salud para inmigrantes irregulares en España, firmada por entidades como Cáritas Europa, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, o Justicia y Paz, que señala que «reducir los servicios sanitarios a la atención de urgencias, tendrá un grave impacto negativo en la propagación de enfermedades transmisibles a la población en general, y socavará todos los objetivos de la salud pública».

Convenios con ONGs

Ante las reiteradas críticas por parte de las entidades que trabajan con inmigrantes y asociaciones civiles, el Gobierno ha lanzado la posibilidad de establecer convenios entre las Comunidades Autónomas y las ONGs, para garantizar la asistencia primaria a las personas más desfavorecidas.

Es una posibilidad nada fácil, ya que entidades que trabajan con inmigrantes han visto cómo las subvenciones se han reducido, o incluso han desaparecido, como es el caso del bloqueo de ayudas de la Junta de Andalucía a esta entidad. O Cáritas Regional de Castilla La Mancha, que ha tenido que solicitar un empujón de ayuda de los ciudadanos ante los aproximadamente 6.000.000 de euros —según su director, don Silvestre Valero— de deudas impagadas por parte de la Administración autonómica.

Aun así, esta solución preocupa a Cáritas Española. Su secretario general, don Sebastián Mora, ha señalado que puede generar una red paralela al sistema público de derechos y deberes, de forma que haya organizaciones sociales que ofrezcan cobertura para aquellos servicios que el Estado no cubre. Afirmación que comparte el padre Izuzquiza, quien afirma que «hay que ser cuidadosos para no poner parches que, sin resolver el problema real, puedan servir para legitimar esta norma injusta. Creo que ni las ONGs ni la Iglesia pueden ni deben prestarse a generar un sistema paralelo de atención a personas inmigrantes».

Un comunicado hecho público, el pasado lunes, tras la reunión de los miembros de la Comisión Permanente de Cáritas Española —entidad a la que los obispos catalanes, alarmados por la reforma, han pedido que estudie cómo paliar sus consecuencias negativas—, ha alertado del riesgo de tomar medidas «sin evaluar previa y suficientemente su impacto», y recuerda un dato importante: que el incremento de la irregularidad «sobrevenida por la falta de empleo, y la creciente dificultad de la renovación de autorizaciones o de acceso al arraigo», hace que haya cada vez más inmigrantes sin papeles en España.

También ha puesto el acento en varios grupos concretos, que saldrán peor parados. Uno, el de las mujeres migrantes víctimas de la violencia, y mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual, «ya que su exclusión del sistema sanitario agrava y dificulta la prevención, detección, asistencia y protección de las víctimas». Otros grupos sobre los que incide el texto son el de las personas con discapacidad, o los que necesitan tratamiento oncológico, que corren el riesgo de aplicación de criterios dispares, según la Comunidad Autónoma, lo que propicia la desigualdad dependiendo del lugar de residencia.

¿Objeción de conciencia?

Las medidas introducidas por el Decreto requieren la colaboración de los profesionales de la salud, lo que planteará importantes problemas éticos en los sanitarios. Este tema también se aborda en la Declaración conjunta de la sociedad civil sobre el acceso a servicios de salud para inmigrantes irregulares en España antes señalada, donde las entidades asumen que «las medidas, además de oponerse a la ética profesional, de consumir su tiempo y ser estresantes, apartarán a los profesionales de su cometido primordial», y aluden al principio 1a, de la Declaración de Lisboa, de la Asociación Médica Mundial sobre los Derechos del Paciente, que afirma que, «cuando la legislación, una medida de gobierno o cualquier otra Administración o institución niega el derecho del paciente a la atención médica apropiada, los médicos deben buscar los medios apropiados para asegurarla o restablecerla». A este respecto, el padre Daniel Izuzquiza recuerda que «hay una obligación de atender a toda persona en situación de necesidad; brota del Evangelio con especial fuerza, profundidad y nitidez». Y es que, continúa, junto a promover el bien, «los cristianos debemos ser firmes en la no cooperación con el mal».

De hecho, ya se han despertado protestas en lugares como Asturias, donde el Sindicato Médico de Asturias ha calificado la medida de «indigna y discriminatoria», y ha confirmado que sus médicos asociados —una gran parte de los facultativos del Principado— «seguiremos viendo a inmigrantes y personas sin recursos vengan o no por urgencias. No vamos a pedir el DNI a nadie. Nuestro código deontológico nos obliga a prestar atención sanitaria a todo aquel que lo necesite», en palabras de su secretario, don Antonio Matador.

Pero son los administrativos, para los que curar no es una obligación, quienes tendrán que actuar de filtro a la hora de recibir a los pacientes: «Nos encontramos en una encrucijada», cuenta una recepcionista de un centro de salud en Madrid. «Estoy planteándome la objeción de conciencia», asegura. Ante iniciativas como éstas, el padre Izuzquiza señala que «es evidente la obligación de seguir la propia conciencia y, desde ahí, atender sin discriminación a todas las personas por igual».