Atrapados en las fronteras de papel

A pesar de venir de países diferentes y vivir en distintas ciudades, Mary Grace Nesperos, de Filipinas, y Mohamed Kallon, de Costa de Marfil, tienen mucho en común. Ambos están o han pasado por los recursos de Cáritas, han tenido que trabajar en la economía informal y, sobre todo, se encuentran en situación administrativa irregular. Una situación que solo se podría resolver con un contrato de trabajo si llevan al menos tres años en España. Son las «graves consecuencias», denuncia Cáritas, de la Ley de Extranjería. Una especie de frontera de papel que amenaza con romper miles de proyectos vitales.

Mohamed Kallon, que llegó a España en patera en 2016, llegó a tener la documentación en regla, pues le fue reconocida la condición de asilado en 2018 por una situación personal. Una circunstancia que le permitió formarse en lo que le gusta, la cocina, con Cáritas y con la Fundación Cruzcampo. E incluso trabajar en varios restaurantes entre Málaga y Sevilla, donde vive ahora. Sin embargo, justo hace un mes, cuando iba a renovar su identificación, le comunicaron que ya no reunía las condiciones. De la noche a la mañana se quedó en situación irregular. «Ahora vivo día a día. Estoy muy mal. No sé qué puedo hacer», explica a Alfa y Omega.

Mary Grace Nesperos llegó en septiembre de 2018 a Barcelona desde Polonia, donde trabajaba en una fábrica de pescado en condiciones muy precarias. La Iglesia la ayudó a encontrar una habitación y consiguió un trabajó en el sector doméstico. Pero se quedó embarazada y sola; el padre del bebé se marchó. Tuvo que dejar de trabajar y, tras dar a luz, no se pudo reenganchar, pues «no podía estar todo el día en una casa»: debía cuidar a su bebé.

Antes y después del parto, y hasta hoy, la están ayudando en la crianza de su niño en el Centro Materno Infantil Rull, de Cáritas Diocesana de Barcelona. También la apoyan en las necesidades más básicas: vivienda, alimentación, ropa… «Sin la ayuda de Cáritas estaría en la calle o tendría una depresión. Estoy muy agradecida», reconoce.

La propia Cáritas a nivel nacional está alertando de un aumento de personas como Mohamed o Mary Grace en sus programas para inmigrantes. En estos momentos, son 120.000 personas las que se encuentran en irregularidad, y suponen un tercio de los casos atendidos.

Dentro de la campaña Compartiendo el viaje, Cáritas denuncia que este crecimiento, que se viene observando los últimos años, se está intensificando «como consecuencia de la pandemia», que «está empujando a la irregularidad sobrevenida a muchas de estas personas al dejar de tener un empleo fijo». Algo que lleva aparejada «la pérdida de derechos y unas condiciones de gran vulnerabilidad e invisibilidad social».

Migrantes en situación irregular

Fuente: porCausa y Universidad Carlos III

En esta cuestión incide también el informe Fronteras in-visibles, recién publicado por Cáritas Diocesana de Barcelona. En concreto, según detalla Miriam Feu, responsable de Análisis Social e Incidencia, estos migrantes sufren una mayor vulnerabilidad que el resto –la exclusión social es tres veces superior en este grupo– , y tienen que «pasar por una carrera de obstáculos para alcanzar los mismos derechos que los demás ciudadanos». Además, continúa, «son invisibles y están a la intemperie». «Ni siquiera la renta mínima, que es la última red de protección, los incluye».

«La irregularidad administrativa crea invisibilidad ante los servicios públicos y la sociedad, de modo que no se pueden aplicar los contrapesos que tenemos para solventar situaciones de vulnerabilidad», señala Diego Fernández-Maldonado, abogado del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).