Amnistía Internacional acusa a 87 altos cargos iraníes de crímenes de lesa humanidad

«Responder sin piedad y llegar incluso a causar la muerte», decía una orden de las autoridades iraníes sobre cómo reprimir las protestas del movimiento Mujer, Vida, Libertad en septiembre de 2022. Dicho y hecho. «Era como una zona de guerra. Las fuerzas de seguridad no dejaban de disparar», recuerda Mahshid, que había salido a la calle en Mahabad, provincia de Azerbaiyán Occidental. 

El suyo es uno de los 270 testimonios recogidos por Amnistía Internacional en un extenso informe en el que señala por crímenes de lesa humanidad a 87 altos cargos del país. Hoy en día siguen al frente de esta «mortífera maquinaria estatal de represión», por lo que Amnistía Internacional ha pedido que la ONU cree mecanismo de justicia penal internacional. 

El documento, de más de 1.000 páginas y titulado Arquitectos de atrocidades: cómo la maquinaria estatal organizó crímenes de lesa humanidad en el levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022 en Irán, se ha presentado este miércoles en Londres. Conmemora los cuatro años de la muerte de la joven Zhina Mahsa Amini mientras estaba bajo custodia de la policía de la moral, que fue el desencadenante de las protestas.

Lo acompaña un segundo informe que recoge la muerte de 377 manifestantes y transeúntes. 56 de ellos eran niños. Además del impacto en vidas humanas perdidas o afectadas directamente por la represión, el documento señala que esta política ha hecho que se intensifiquen los «ciclos de homicidios masivos de manifestantes». El más grave fueron las masacres a gran escala de miles de manifestantes los días 8 y 9 de enero de este año. 

Amnesty International’s new landmark 1000+page report exposes how the Iranian authorities committed crimes against humanity to crush the 2022 Woman Life Freedom uprising and identifies 87 officials who should be criminally investigated.

Amnesty International is calling for… pic.twitter.com/NVcQvsHMl9

— Amnesty International (@amnesty) September 16, 2026

Armas de fuego militares contra niños

La investigación principal documenta cómo las autoridades iraníes movilizaron a fuerzas de seguridad equipadas con armas de fuego de uso militar y escopetas cargadas con perdigones de metal. Perseguían a los manifestantes cuando huían, acorralaban a víctimas desarmadas que no eran una amenaza y las mataban a bocajarro. 

«Disparaban a quien entrara en su campo de visión. Daba igual que fueran mujeres, niños, niñas, transeúntes o manifestantes», testifica Iman desde Sanandaj (Kurdistán). 

Se informa asimismo de torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, violaciones y abusos. También se persiguió a los familiares de las personas fallecidas y a otros ciudadanos por motivos políticos, de género, étnicos y religiosos para sofocar el levantamiento. 

«Las abundantes pruebas recopiladas y analizadas en nuestro informe no dejan lugar a dudas. Las autoridades iraníes cometieron crímenes de lesa humanidad para sofocar el levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022», ha denunciado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, durante la presentación. 

«Lanzaron un ataque generalizado y sistemático contra una población civil que exigía dignidad, derechos humanos y un cambio político fundamental, de conformidad con una política estatal de uso de fuerza letal para aniquilar la disidencia», ha añadido. Además, estos crímenes de lesa humanidad «se sustentan en una arquitectura de impunidad integrada en los marcos constitucional, legislativo, político y judicial del país». 

Prueba de ello es que «la mayoría» de altos cargos señalados «continúa en puestos desde los que puede desatar una nueva represión mortífera, y algunos incluso han ascendido en la cadena de mando». Por ello, «dirigir las peticiones de rendición de cuentas a unas autoridades judiciales iraníes que son cómplicas es algo alejado de la realidad», ha justificado Callamard. 

Deberes para la comunidad internacional

En consecuencia, «la comunidad internacional debe impulsar vías internacionales hacia la justicia ahora mismo». En concreto, Amnistía Internacional pide la creación urgente de un mecanismo de justicia penal internacional por parte de la Asamblea General de la ONU.

La entidad insta también a los Estados a que pidan al Consejo de Seguridad de la ONU que remita la situación de Irán a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Y reclama a las autoridades fiscales de todo el mundo que inicien investigaciones, en virtud de la jurisdicción universal u otras formas de jurisdicción extraterritorial y a que, cuando existan pruebas suficientes, dicten órdenes de detención.