Lideresas indígenas de Puerto Ayacucho, mujeres que se juegan la vida en defensa de los derechos y territorios

La defensa de la vida y del territorio se ha convertido en una prioridad en la Amazonía venezolana. El impacto de la minería, como también en otras regiones amazónicas, es una grave amenaza para los pueblos que allí viven. En esta lucha, las mujeres, que en algunos casos se juegan la vida cada día, se han erigido en protagonistas, como han testificado en la sede de Misiones Salesianas de Madrid.

Iglesia que promueve derechos

Norayma del Valle Ángel Palencia, María Arana, Lisa Lynn y Yuvisay, vienen del Vicariato de Puerto Ayacucho (Venezuela), un territorio de misión, en la frontera con Brasil y Colombia, confiado a los salesianos desde su erección como prefectura apostólica del Alto Orinoco en 1932. «Personas que están luchando y que se están esforzando por defender sus derechos», en palabras del director de Misiones Salesianas, Luis Manuel Moral Lamela. Es un modo de concretar la propuesta salesiana de una educación transformadora que mueva las manos, la mente y el corazón y que genere un pensamiento crítico y anime a la acción.

Una gira que llevarán a cabo hasta el 6 de octubre, especialmente en el País Vasco y Navarra, en colaboración con diversos organismos públicos y privados en busca de una incidencia política que ayude a conocer la problemática y los pasos dados en pro de la defensa de los derechos humanos y de los territorios indígenas. Una realidad recogida en un documento que será entregado en los diversos encuentros que serán realizados.

En el Vicariato de Puerto Ayacucho los salesianos han promovido esa educación transformadora, en vista de una mejor calidad de vida y un buen vivir en armonía con la naturaleza. En esta región, hay una gran preocupación por la extracción de minerales en tierras indígenas y sus consecuencias: aumento de la violencia y falta de servicios básicos de sanidad y educación, que provoca un grave deterioro en la calidad de vida.

La minería ilegal y sus consecuencias

No olvidemos que esta es una actividad ilegal en la región y que la educación trasformadora ayuda a tomar conciencia de esa realidad y enfrentar sus consecuencias. La minería ilegal provoca tensiones en las comunidades indígenas, pues la falta de recursos lleva a algunos a participar de esta actividad ilegal. A ello se une el abandono estatal, con una nula presencia institucional, que tiene como consecuencia la deserción escolar para incorporarse a entornos mineros tóxicos, aumento de la violencia y de la explotación.

Los indígenas reclaman una propiedad colectiva de las tierras, una demanda que nunca ha sido escuchada por el Estado venezolano. La encíclica Laudato si´ ha hecho avanzar la reflexión en torno a la ecología integral. Desde ahí, con el apoyo eclesial e institucional, se reclama una moratoria urgente al modelo extractivista al sur del Orinoco, una inversión estatal real en infraestructura y personal para salud y educación pública, respeto absoluto a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y financiación y apoyo directo a las alternativas económicas y planes de vida comunitarios.

Son comunidades donde los desafíos cotidianos tienen que ver con las consecuencias de la minería ilegal. Muchos indígenas se han visto obligados a ir a las periferias de las ciudades, en condiciones de vida precarias. Relatan la dificultad para llevar a cabo trámites cotidianos o la separación de familias, con madres y abuelas que tienen que cuidar solas a varios niños, dificultad para desplazarse dado el alto coste del transporte, falta de agua potable, entre otras.

Defensa que nace de la ancestralidad

Una actividad minera ilegal que está impulsada por grandes empresas tecnológicas interesadas en el oro, diamantes, coltán y tierras raras presentes en la región, como han denunciado las lideresas indígenas. Una actividad que es controlada por grupos armados organizados, que determinan la vida cotidiana de las comunidades. Frente a eso, asumen la protección de la vida y de los territorios como algo que forma parte de su ancestralidad.

Uno de los desafíos es mostrar las alternativas sostenibles a la minería, fortaleciendo los aspectos que ayuden a contrarrestar la actividad minera. En esa lucha, el cambio climático se ha erigido en una dificultad añadida, dado que ha provocado la disminución de recursos en la agricultura y la pesca. A través de diversas organizaciones de defensores se ha impulsado la autonomía económica de las mujeres, una necesidad ante el reclutamiento de jóvenes para trabajar en actividades mineras y en los grupos armados que las controlan.

Una lucha que ha costado la vida a diversas personas en los últimos años, lo que no mengua el convencimiento de poder avanzar en la defensa de la vida y del territorio. De ahí la importancia de visibilizar sus luchas, una demanda que hacen a la sociedad y a la Iglesia para que se sepa que aquello que los actores de poder están haciendo, que no valoran a los seres humanos ni a la naturaleza, tiene un costo para la sociedad. Junto con ello, la importancia de una escucha activa, organizada y planificada, monitoreada y evaluada para ayudar en esa defensa que llevan a cabo.