Europa da el primer paso para acabar con los minerales de conflicto

Por primera vez, algunas empresas de la UE tendrán que asumir la responsabilidad en sus cadenas de suministro de minerales y tomar medidas para impedir que su comercio esté vinculado a conflictos o abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, una serie de concesiones y lagunas de última hora podrían socavar el impacto del Reglamento al eximir a una serie de empresas de las obligaciones de diligencia debida. Las organizaciones de la sociedad civil, incluida Amnistía Internacional y Global Witness, piden hoy a la UE y a sus Estados miembros que demuestren seriamente que estas exenciones no menoscaben los objetivos establecidos por el Reglamento.

«Este Reglamento es un buen paso adelante», dijo Michael Gibb, de Global Witness. «Pero mientras la UE ha enviado una aviso a un pequeño grupo de empresas, en última instancia ha confiado en que muchas más seguirán regulándose ellas mismas. Ahora le corresponde a estas compañías demostrar que esta confianza está bien situada y bien ganada; y esperamos que nuestros legisladores actúen si no es así».

La UE es un destino importante para los minerales, tanto para el mercado de materias primas como para los productos cotidianos que los contienen, desde portátiles y teléfonos móviles hasta motores y joyas.

El Reglamento cubrirá las importaciones de la UE de estaño, tungsteno, tantalio y oro de todos los países del mundo, y es la primera ley obligatoria de este tipo que tiene un alcance verdaderamente global. Pero si bien las normas mundiales exigen que toda la cadena de suministro esté sujeta a un proceso de diligencia debida, las disposiciones obligatorias de la UE cubrirán sólo una pequeña parte de la cadena de suministro. En contra de la propuesta más ambiciosa del Parlamento Europeo en mayo de 2015, solo quedarán obligadas las empresas que importan minerales en forma de materia prima —como minerales y metales—. Se excluyen las empresas que importan los mismos minerales en la UE dentro de productos o componentes terminados. Las negociaciones de los países miembros de la UE también han logrado impulsar la inclusión de una serie de umbrales de importación que reducirán aún más el número de empresas que deben cumplir el Reglamento.

«Estos umbrales de volumen de importación, que eximen a las empresas de cumplir con la legislación, son peligrosas lagunas», dijo Nele Meyer de Amnistía Internacional. «Podrían dejar entrar minerales por valor de millones de euros en la UE sin ningún tipo de control, frecuentemente los que tienen mayor riesgo de estar vinculados al conflicto. Los estados miembros de la UE todavía están pidiendo con poco entusiasmo que las empresas se aprovisionen de manera responsable. Esto debe cambiar».

Incluso a las empresas obligadas a cumplir con el Reglamento se les ha ofrecido un atajo. La Comisión Europea ha acordado acreditar esquemas de la industria privada con los que las empresas han tratado cada vez más de externalizar sus obligaciones de diligencia debida. Los miembros de los esquemas acreditados de la industria se beneficiarán de una supervisión limitada y, además, se les alentará a que se abastezcan de minerales de empresas proveedoras incluidas en una lista de fundiciones y refinerías «responsables», a pesar de que se están poniendo en marcha pocos mecanismos para evaluar realmente el comportamiento de las empresas de la lista.

El Reglamento no entrará en vigor inmediatamente, ya que las instancias legisladoras incluirán un período de tres años de integración progresiva.

«Hablar de una fase de entrada es una maniobra distractora. El reglamento refleja las responsabilidades que las empresas han tenido durante muchos años, y tienen todas las herramientas e información que necesitan cumplir. Se ha desperdiciado bastante tiempo buscando maneras de ayudar a las empresas a esquivar sus responsabilidades. Ahora el foco debe ponerse en asegurar que las cumplan lo antes posible», dijo Michael Reckordt de PowerShift.

Por sí solo, este Reglamento comercial no puede traer paz y prosperidad a las comunidades afectadas por la maldición de los recursos. La sociedad civil ha acogido con satisfacción el enfoque integrado de la UE y ha pedido a quienes tienen la responsabilidad política en la UE y en los Estados miembros a que complementen el nuevo Reglamento con medidas diplomáticas y de desarrollo.

«Concluir estas negociaciones es un logro importante, pero es el comienzo del proceso, no el final. Ahora es el momento de demostrar que las empresas son serias en el cumplimiento de sus responsabilidades; que los Estados miembros de la UE están comprometidos en hacer cumplir las normas que se han establecido ahora; y que la UE hace uso de todos sus recursos para promover un comercio de minerales más sostenible y responsable», dijo Frederic Triest de Eurac.

Notas al Editor

La UE llegó a un «acuerdo político» en junio de 2016, que estableció los grandes contornos políticos del Reglamento. A partir de ahí se han llevado a cabo discusiones técnicas para desarrollar el texto final del Reglamento. Este proceso del «trílogo» concluye hoy, con la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo llegando a un acuerdo sobre un texto final. Este texto se votará ahora en el Consejo y el Parlamento.

El Reglamento exigirá a las empresas cuyas importaciones de minerales o metales de estaño, tantalio, tungsteno u oro en la UE excedan determinados umbrales anuales específicos, realizar la debida diligencia en sus cadenas de suministro en conformidad con los requisitos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de la Guía de Diligencia Debida para el Suministro Responsable de Minerales en las Cadenas de Suministro de Minerales de las Áreas Afectadas por Conflictos u Alto Riesgo. A diferencia del Reglamento de la UE, esta Guía se aplica a todos los recursos minerales y a toda la cadena de suministro, incluyendo a las empresas que comercian con productos que contienen minerales.

Las normas internacionales no tienen por objeto desalentar el abastecimiento en zonas frágiles o de alto riesgo. Más bien, buscan alentar y facilitar un comercio más responsable y transparente con estas regiones.

Comisión General de Justicia y Paz