El obstáculo de los bulos para la regularización: «He escuchado de todo»

El 30 de junio se cerró el plazo para acogerse a la regularización extraordinaria de migrantes. Desde el 16 de abril se han registrado 1,17 millones de solicitudes. 707 de ellas han sido presentadas por la abogada Eva Navarrete, que media hora antes de que acabara el periodo establecido para presentar la documentación estaba todavía con el último de los procesos. «Hemos trabajado estos meses sin parar, como locos. Lo normal ha sido hacer jornadas de 14 horas. Solo lo hemos conseguido sacar adelante porque hemos contado con ayuda externa al despacho para poder gestionar administrativamente todos los procesos», asegura.

Una de las 707 solicitudes presentadas por Navarrete es la de Marelys Vivero, colombiana de 52 años que llegó a España hace cuatro. «Llevo todo este tiempo sin ver a mi hijo», lamenta durante la entrevista. A pesar de ello, se siente «afortunada», confiesa. Al contrario de lo que suele ser habitual, Marelys llegó a España con un empleo bajo el brazo. «Mi hermana, que estaba acá, me consiguió un trabajo cuidando a un anciano». La mujer desarrolló esta labor dos años y, cuando iba a pedir la regularización por arraigo laboral, «la persona a la que cuidaba se murió y no me pudieron hacer los papeles». Vivero hubo de esperar otros dos años más, en situación irregular, para poder residir y trabajar legalmente en España. «Ya tengo el permiso temporal», asegura.

Bulos e inmigración

A pesar de las cifras, que han doblado las previsiones del Ejecutivo, todavía siguen quedando personas en situación irregular en nuestro país. La propia Navarrete, y algunos otros abogados de extranjería, han recibido peticiones de regularización de gente que cumple a priori con los requisitos, pero que no han presentado la documentación en tiempo y forma. Entre los motivos, la letrada habla de la falta de una información adecuada. «Ha habido muchos bulos; informaciones rarísimas que han calado. Nosotros hemos escuchado de todo, desde que con esa residencia no iban a poder viajar o que se trataba de un permiso de segunda con menos derechos que el resto», señala.

Ante esta situación, desde Cáritas Española se han vuelto a remangar para ayudar a culminar un proceso en el que se implicaron desde el principio. Ya en un primer momento «nos movilizamos para tratar de sacar adelante la regularización». Y una vez aprobada, «nos hemos puesto a disposición de los posibles beneficiarios». La entidad caritativa se ha centrado en «asesorarlos, proveerles de información clara —porque el proceso, en ocasiones, ha sido farragoso— y, en algunos casos, incluso hemos actuado como representantes y hemos presentado los expedientes», resume Diego Fernández-Maldonado, del equipo de Incidencia Política y Orientación Jurídica de Cáritas.

El trabajo, sin embargo, no ha acabado. Fernández-Maldonado pide ahora, por un lado, «reflexionar sobre cómo hemos llegado a esta situación en la que hay más de un millón de personas en la más absoluta invisibilidad, hasta el punto de que se pensaba que se iban a presentar la mitad de solicitudes». Por otro lado, el experto confiesa que la organización se encuentra ahora realizando una labor de concienciación entre los empleadores. «Lo que ocurre es que les han surgido dudas sobre el periodo de vigencia del permiso temporal de trabajo y sobre los pasos a seguir ante la llegada de la resolución definitiva». La inquietud ha calado en algunos empresarios, que no quieren contratar con el permiso temporal. Desde Cáritas «estamos haciendo un esfuerzo por explicar que se trata de una autorización válida», que «se convertirá en definitiva cuando el empleado tenga la respuesta favorable del Gobierno». Y, en el caso de que sea desfavorable, este «tiene la obligación de comunicar al empleador que le han denegado la autorización para que le pueda dar de baja».

Incongruencia de las normas

Por último, el responsable de Incidencia Política aprovecha la entrevista con Alfa y Omega para hacer una última petición que reduzca los problemas burocráticos de los migrantes para completar el proceso de regularización: «Hemos detectado una incongruencia entre las normas que estableció el Gobierno para la regularización y la documentación que pide el Ministerio del Interior para retirar la tarjeta de identidad de extranjero». 

«Una vez te conceden la residencia tienes que ir a la Policía a por la tarjeta». Es un proceso similar al que hay que realizar con el DNI. «El problema es que para retirarla te piden un certificado de empadronamiento» y no todos lo tienen. «De hecho, no es un documento que se exigiera para la regularización precisamente por los problemas para acceder al padrón que suelen tener los migrantes».