Estos son los diez bulos sobre la regularización que el Ministerio de Migraciones desmonta

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha distribuido un correo electrónico masivo proporcionando información actualizada sobre el proceso extraordinario de regularización de migrantes. En él, animan a visitar la web que han hecho específicamente sobre el proceso, donde figuran las entidades que son parte del Registro de Colaboradores de Extranjería, se puede solicitar acceso al servicio de cita previa, presentar solicitudes vía telemática y visionar vídeos informativos. También anima a llamar al teléfono de información, el 060, de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas por la mañana y, por la tarde, de 16:30 a 19:30 horas.

Una lista de mentiras desmontadas

Pero quizá lo más relevante es el listado de bulos que el ministerio desmiente a renglón seguido. El primero de ellos es que se producirá «un efecto llamada», lo cual es «falso» porque esta regularización «se dirige a personas que se encontraban en nuestro país antes de que se anunciara».

Otro segundo bulo es que «no se exigen antecedentes». Es mentira porque «la ausencia de antecedentes penales y su debida acreditación ha sido siempre un requisito obligatorio, como lo es en otros trámites de extranjería».

Una tercera afirmación falsa es que las solicitudes «van a colapsar las oficinas como Correos o la Seguridad Social». No es así porque «se han habilitado horarios específicos y ampliados para no interceder con otros trámites». Igualmente, el ministerio recalca que «la atención presencial solamente se hará mediante cita previa».

La cuarta desinformación que refuta el Ministerio de Migraciones es que los regularizados «van a hacer un abuso de los servicios públicos». Para desmontarlo se apoyan en los indicadores del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia, que señalan que «la población extranjera hace un uso menor de los servicios sanitarios». Además, «estamos hablando de personas que ya estaban en España».

Ni Europa se opone ni se excluye a los ucranianos

El quinto bulo que niega la Administración es que «han expulsado a los ucranianos del proceso». Para empezar porque «no son personas en situación irregular». Pero es que además «contarán con un procedimiento separado de la regularización para sus autorizaciones, por diferentes vías de presentación y sin plazo límite para sus solicitudes».

La sexta falacia que combate el ministerio es que «Europa está en contra de este proceso». No es así porque la Unión Europea reconoce que «cada Estado decide sobre las personas que ya están en su territorio». Este trámite «no está prohibido» y, de hecho, ya «se ha hecho en otros países». La clave es que cada caso se tramita como «un proceso individual como exige Europa».

Una séptima mentira que señala este correo masivo es que los migrantes «encarecen el mercado de la vivienda». El Ministerio de Migraciones apunta que «no encarecen el mercado» y que, de hecho, «son quienes más sufren el acceso a un mercado de la vivienda muy tensionado». También se apoya en el informe de seguimiento del Marco Estratégico, que señala que «el 23 % de las personas extranjeras no comunitarias vive en hogares sobreocupados frente al 6% de los españoles».

El octavo bulo que refuta el ministerio es que esta regularización de migrantes «es un coladero para que se vayan a otros países de la UE». No es cierto porque «el permiso es exclusivamente para residir y trabajar en España» y se dirige a «personas que viven en nuestro país y que apuestan por tener un proyecto de vida aquí».

La novena afirmación errónea es que «el proceso concede la nacionalidad española». En realidad «solo concede una autorización de residencia y trabajo temporales». Por el contrario, «para obtener la nacionalidad se requieren requisitos muy estrictos que pasan por años de residencia legal previa y aprobar exámenes de idioma y cultura». En resumen, «la regularización y la obtención de la nacionalidad no son procesos vinculados».

Por último, el ministerio desmonta el décimo bulo de que «esta regularización se tiene que hacer vía legislativa con su aprobación por parte del Congreso de los Diputados». Lo cual no es cierto porque «el Consejo de Estado ha avalado que la regularización se realice por la vía reglamentaria, por ser un texto normativo legal dentro de nuestro marco constitucional».