Las solicitudes de regularización doblan lo esperado y superan los 1,2 millones

«Esto cambia vidas. Lo que saca a las personas de la exclusión, la vulnerabilidad y la angustia no es llegar a España, no es saltar la valla, no es llegar en patera al Hierro o a Barajas desde Latinoamérica en avión. Lo que hace que pases a una situación de derechos es la regularización». Es la explicación que nos da Jorge Serrano Paradinas, director de Fundación para la Ciudadanía Global, sobre el impacto de la regularización extraordinaria de migrantes que concluyó su admisión de solicitudes el pasado 30 de junio.

Serrano Paradinas explica que, antes de este proceso, los datos más actuales que se tenían sobre personas en situación irregular en España provenían de Funcas, la entidad vinculada a las cajas de ahorro, quien «comparó nacionalidad por nacionalidad las personas empadronadas con las que el INE dice que son extranjeras», pues este es el primer trámite que hacen los recién llegados para empezar a regularizar su situación. A finales de 2025 los estimaba en 850.000 y se barajaba la posibilidad de que se regularizaran 500.000. Sin embargo, en esta última han abierto muchísimas vías» en comparación con la del gobierno de Aznar en el 2000 —que reconoció a 300.000— o la de Zapatero en 2005 —que lo hizo con 500.000—.

Solicitudes desde Correos 

Por ejemplo, las solicitudes se han podido enviar «desde las oficinas de Correos, las oficinas de la Seguridad Social o telemáticamente desde cualquier entidad colaboradora con el Ministerio de Extranjería», como la propia Fundación para la Ciudadanía Global que nos atiende. Como consecuencia, nos explica su director, «hay muy pocas personas en situación irregular que no hayan hecho su solicitud» y, tras el trabajo de las asociaciones ayudándoles a tramitar sus expedientes, se han enviado más de 1,2 millones.

«Este cambio supone una bomba nuclear de solidaridad», destaca Jorge Serrano Paradinas. Y revela que «el retrato típico de la persona regularizada es una persona colombiana de entre 25 y 35 años que lleva menos de un año en España». De hecho, la gente proveniente de este país sudamericano triplica a los solicitantes del segundo origen más repetido: el marroquí.

Las organizaciones emiten certificados de vulnerabilidad

Otra novedad clave es cómo se han ensanchado los criterios para poder optar a la regularización, pues Jorge Serrano Paradinas apunta que en el 2000 y 2005 fueron «especialmente restrictivos». Entonces se exigía no tener antecedentes penales, llevar más de seis meses en España y una oferta laboral en firme. Este 2026, en cambio, también se ha aceptado como supuestos «que tengas menores a tu cargo, que hayas solicitado asilo o el certificado de vulnerabilidad». Con la derivada de que «se entenderá que estás en situación vulnerable si estás en situación irregular». A esto se suma que el gobierno ha permitido «a las entidades colaboradoras en materia de extranjería la posibilidad de emitir certificados de vulnerabilidad».

Preguntado sobre si, pese al millón de solicitudes, existen bolsas de migrantes que no hayan podido acceder a las entidades para enviar sus expedientes, Jorge Serrano Paradinas reconoce que «las bolsas de mayor vulnerabilidad están en Huelva, Almería y Murcia», es decir, «en la agricultura pura y dura de invernadero». No obstante, pese a las condiciones que puedan atravesar, «ahí están acompañados por congregaciones religiosas como el Servicio Jesuita a Migrantes».

«El infierno» de renovar los permisos de trabajo

Jorge Serrano Paradinas no hace predicciones sobre cuántas de estas solicitudes finalmente se concederán, pero sí apunta que, aun regularizadas, «estas personas dentro de un año tendrán que renovar los permisos de trabajo y está siendo un infierno porque no hay forma de conseguir una cita». Tras el paso de los meses, «el permiso se acaba caducando y vuelven a vivir una situación de angustia». «En las oficinas hay un cuello de botella y algo no se está gestionando», denuncia. E incluso sentencia que, «si cualquier español pasara una sola vez por eso, estaría en todos los medios de comunicación».

De cara al futuro, el director de Fundación para la Ciudadanía Global adelanta que «vamos a hacer una app a través de la que, con el móvil, hagas una foto de tu pasaporte, tu permiso de trabajo y tu vida laboral, pagues una tasa y, a través del certificado digital que tenemos como entidad colaboradora, presentemos la solicitud en diez minutos». De hecho, «hemos pedido una subvención a la Dirección General de Agenda 2030 para ver si así racionalizamos de una vez un proceso que es una locura».