Un nuevo negocio para el crimen organizado

La pobreza, las violencias, los conflictos políticos, la corrupción y el abandono institucional son realidades que históricamente experimentan millones de personas en América Latina. Sin embargo, en los últimos años ha cobrado una complejidad sin precedentes debido al incremento de conflictos armados, crisis económicas y crecimiento de la violencia organizada, violaciones sistemáticas de los derechos humanos y desastres naturales. Esto obliga a las familias a enfrentarse a una decisión difícil de tomar y a uno de los procesos más complejos del continente: la migración. 

Al ocupar una posición estratégica dentro del recorrido hacia Estados Unidos, México se ha posicionado como un país de tránsito, destino, expulsión y retorno de millones de personas, así como el corredor migratorio más grande del mundo. Esto ha transformado las ciudades fronterizas en espacios donde convergen intereses políticos, económicos y criminales. Entre ellas Ciudad Juárez (Chihuahua), que destaca como uno de los principales puntos de concentración de personas migrantes y desplazadas internas, debido a su proximidad a El Paso (Texas). No obstante, estas condiciones también han convertido la ciudad en un territorio donde los migrantes se enfrentan a riesgos constantes derivados de la actuación del crimen organizado.

Esta violencia no constituye un hecho aislado, sino que es el resultado de la interacción entre múltiples factores estructurales. Por una parte la falta de coordinación e interés de los distintos niveles de gobierno para garantizar su integridad y procesos de regularización lentos y carentes de sentido humano. Por otra, los discursos de odio instaurados y fuertemente promovidos por los Gobiernos, que colocan a estas poblaciones en situaciones de alta vulnerabilidad. Estas condiciones son aprovechadas por organizaciones criminales que han incorporado la movilidad humana como una fuente de ingresos altamente rentable mediante actividades como el secuestro (para cobrar rescate a sus familiares en el país de origen o en Estados Unidos), la extorsión, la trata de personas, el reclutamiento forzado, la explotación laboral y la violencia sexual. 

Diversos organismos y organizaciones internacionales, nacionales y locales han advertido que la violencia contra las personas migrantes se ha intensificado en los últimos años. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estimó que en 2024 más de 6.000 migrantes sufrieron algún tipo de delito en México. El 5 % de las personas migrantes manifestó haber sufrido algún tipo de violencia, mientras que aproximadamente el 15 % declaró haber sido víctima de secuestro. La organización para la Justicia y el Estado de Democrático de Derecho (FJEDD) compiló los delitos de los cuales son víctimas. Por otra parte datos del Servicio Jesuita Refugiados y la experiencia de los equipos sobre el terreno ha identificado que los delitos más comunes de los que son víctimas las personas en movilidad en el periodo 2022-2025 son el secuestro, extorsión, persecución, violencia sexual, destrucción de documentos de tránsito y de identidad, trata de personas, trabajo forzado, reclutamiento, así como criminalización.

Esta violencia conlleva grandes impactos que trascienden los daños físicos y económicos. El temor constante limita su libertad de movimiento, llevando a muchas personas a permanecer resguardadas y evitar salir a la calle salvo cuando es estrictamente necesario. Esta situación dificulta la búsqueda de empleo, el acceso a servicios de salud, educación, asistencia humanitaria, vinculación comunitaria e integración, lo que incrementa los niveles de ansiedad, estrés y depresión y restringe el ejercicio de derechos fundamentales.