¿Cómo llegar a España sin jugarse la vida?

30.000 solicitudes para tan solo 350 ofertas de trabajo en el sector agrícola andaluz. «Había gente haciendo cola desde las cuatro de la madrugada. Hubo empujones, gente que trataba de pasar por delante de todo. Me sorprendió ver a estudiantes y personas que tienen un buen trabajo. Todo el mundo quiere irse». Este es el resultado, desvelado recientemente por el diario El País, del último viaje que realizaron a finales de agosto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, por tres países de África: Mauritania, Gambia y Senegal. En ellos «se ha formalizado la firma de tres memorandos de entendimientos en materia de migración circular que van a propiciar el desarrollo de programas de selección de trabajadores en origen», informó el ministerio a la conclusión del viaje. Se trata de una figura legal bastante desconocida para la sociedad en general, que está recogida en la normativa bajo el nombre de «autorización de trabajo para actividades de temporada», pero que ahora el Ejecutivo español parece estar priorizando frente a otras opciones como son los corredores humanitarios. De hecho, hace escasas dos semanas se firmó otro memorando con Egipto, que es el país número 20 con el que España tiene suscritos acuerdos sobre regulación y ordenación de flujos migratorios.

Diego Fernández, abogado del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española, explica a Alfa y Omega los pormenores del proceso: «Los empresarios con necesidades de mano de obra lanza una oferta de trabajo colectiva». Es decir, no se trata de una oportunidad laboral unipersonal. Esta, además, «incluye el compromiso de satisfacer las necesidades de alojamiento del empleado». Hasta ahora, según Fernández, era uno de los elementos más problemáticos de la normativa. El experto califica el estado de las instalaciones como «cuestionable» en no pocos casos, aunque reconoce que «estas se han visto claramente dignificadas por el nuevo reglamento de extranjería».

Una vez que se formalizaba el contrato de trabajo, «el empleado puede desempeñar la actividad laboral para la que ha sido contratado por un periodo máximo de nueve meses al año». Cumplido este tiempo, ha de volver a su país. «El proceso se puede repetir durante cuatro años seguidos y, a partir de ahí, el trabajador podrá optar a un permiso de residencia plena en España», aclara el abogado. Sin embargo, todo este proceso depende del Gobierno, que «es quien decide el número de autorizaciones permitidas al año». Así, las autoridades pueden impulsar el programa en mayor o menor medida en función de la situación.

«Creo que es importante no perder de vista que se trata de una vía legal y segura para migrar que tiene elementos muy positivos», reconoce el miembro de Cáritas Española. «Estamos hablando de personas que llegan a nuestro país con un visado y un billete de avión y no jugándose la vida en el mar», subraya. Además, «obtienen unos ingresos por su trabajo», lo cual impacta de forma decisiva en la maltrecha economía de muchas familias africanas.

A Fernández le «chirría» más la circularidad de este procedimiento. «Al final vienen a cubrir una necesidad del mercado laboral y, cuando esta está satisfecha, tienen la obligación de retornar a su país». En este sentido, el experto habla de una vía de migración «legal y segura», pero «parcial». Y añade: «La política migratoria no puede estar exclusivamente centrada en los requerimientos económicos». En realidad, la entidad caritativa de la Iglesia lleva años advirtiendo de esta situación. Ya en 2021 sacó una campaña cuyo lema era Esperábamos trabajadores, vinieron personas y queremos vecinos. El pasar de uno a otro depende, según el miembro del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española, de garantizar los derechos de residencia.

Con esto, además, se eliminaría la tentación de no cumplir con la obligación de retornar al país de origen y quedarse en España para optar al permiso de residencia y trabajo por otras vías, como puede ser la del arraigo social, que con la reforma de la ley de extranjería bajó de tres a dos años el tiempo que una persona ha de pasar en territorio nacional para poder tramitar este procedimiento regulatorio. No obstante, hay que aclarar que este último aboca a las personas a llegar a España de forma ilegal y a permanecer en esta situación durante 24 meses.

Diferente es el caso de la reagrupación familiar, que como el programa de selección de trabajadores en origen, «es la vía legal y segura que nosotros más reivindicamos», asegura Diego Fernández. «Gracias a este procedimiento, una persona migrante residente en España puede traer a un familiar que se encuentre en el país de origen para que ambos convivan». Lo que ocurre es que «las condiciones son un tanto rígidas, sobre todo el tema de la adecuación de la vivienda». Al final, con el mercado inmobiliario al alza, la reagrupación familiar es casi una utopía para la mayoría de las personas a las que les gustaría acceder a ella.