No es verdad 818

Ilegal, inconstitucional y absurda: así definía ABC, en su portada, la declaración soberanista aprobada por el Parlamento regional catalán, según la cual Cataluña sería un sujeto político y jurídico soberano. Tal declaración al margen de la ley ha dividido todavía más a la sociedad catalana, e incluso a partidos como el PSC. Una declaración inútil, titulaba el editorial de La Razón. Y ABC, en su editorial titulado Guerra abierta en el soberanismo, comentaba que «el cisma entre Unión y Convergencia revela el fracaso de Mas, quien, en lugar de asumir su varapalo electoral y dimitir, se echó en manos de ERC (separatistas) para emprender un viaje a ninguna parte». El Presidente del Gobierno, después de afirmar textualmente que lo del Parlamento catalán no sirve de nada, encargó un informe a la Abogacía del Estado para determinar si se vulnera la Carta Magna. ¿Pero qué es lo que hay que determinar? ¿Es que cabe la menor duda de que semejante política de hechos consumados vulnera la Constitución? Los más lúcidos comentaristas políticos argumentan y proponen la conveniencia de pasar de las palabras a los hechos, y hacer frente a la declaración independentista, por la vía del artículo 161.2 de la Constitución: «El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas». Tal impugnación supondría la suspensión automática de tal resolución. A la hora de escribir este comentario, los ciudadanos españoles que pagan sus impuestos y sufren la crisis siguen a la espera de tal impugnación por parte del Gobierno de la nación. No faltan algunos que tienen más bien pocas o ninguna esperanza en ello y en el Tribunal Constitucional; desde luego, razones no les faltan, mientras se preguntan asombrados cómo es posible que a estas alturas, y en un Estado que se dice de Derecho, 85 diputados catalanes puedan usurpar, porque se les antoja, un derecho de todos los españoles. El señor Navarro, líder de los socialistas en Cataluña, ha declarado, en reciente entrevista, que, «desde que Mas es Presidente de la Generalidad, Cataluña está más dividida»; pero lo realmente curioso es que, a la hora de la verdad y del voto, vota con el Presidente de la Generalidad. Federico Jiménez Losantos, en sus comentarios liberales en El Mundo, ha preguntado: «¿Cómo no va a tener efectos jurídicos proclamarse en rebeldía contra las leyes?». Se queda uno boquiabierto ante la pavorosa incultura jurídica que reina en España. Admitir negociar en la región catalana la soberanía de tal región es admitir que esa región española no es España. ¿Pero qué es lo que hay que negociar en ese terreno?

Mientras tanto, el último dato del paro en España es alucinante. Creció, en 2012, un 13,12 %; y en este momento hay, oficialmente, en España 5.965.400 ciudadanos sin trabajo. Y 1.800.000 familias –¡que se dice pronto!– en las que no entra un euro por parte de ninguno de sus miembros. ¿Alguien ha pensado, de verdad, la de problemas que se resolverían si desaparecieran, tal como están hoy, las Autonomías, el Constitucional, el Consejo de Estado, el Senado, la Ley electoral…? Y otra pregunta: ¿alguien ha pensado a cuánto tocaría cada españolito contribuyente, si a todos los que se lo han llevado crudo se les obligara a devolverlo? Según datos estadísticos de última hora, sólo el coste de los 15 escándalos más llamativos de la corrupción significa cerca de 7.000 millones de euros, desde el año 2000; algo equivalente al presupuesto de varios Ministerios: sellos fantasma: 4.400 millones; los ERE de Andalucía: 900 millones; Nueva Rumasa: 500; Gurtel: 201; Palma Arena: 110; Fraude sindical FORCEM: 100; Gescartera: 88; Pretoria: 45; Palau de la Música: 35; Bárcenas: 22; ITV Pujol: 10; Malaya: 10; Urdangarín: 8,2; Cooperación Valencia: 22; Pallerols: 388.483 euros. El diario ABC ha hecho la equivalencia, y ha calculado que significaría 121 veces las ayudas a Cruz Roja y Cáritas, o el presupuesto del Ministerio de Defensa, o el valor de la red social Twitter, o 15 veces la plantilla del Real Madrid, para que lo entienda fácilmente todo el mundo. Todo esto, ¿no habría que arreglarlo antes, por ejemplo, que lo de las urgencias en los pueblos, o que el Estado siga regalando más de 2 millones al año en despachos y coches a los expresidentes? Ya me contarán ustedes…