El Tribunal Constitucional de Portugal rechaza la ley de eutanasia

La decisión del Tribunal Constitucional de Portugal de declarar inconstitucional este lunes la despenalización de la eutanasia no es el «punto final» del proceso, como le gustaría a la Federación Portuguesa por la Vida. «Pero de momento estamos contentos», afirma su presidente, Antonio Torres, «porque los promotores de la ley, teniendo todo a su favor (apoyo parlamentario, control de los medios, la mentalidad común y mucho dinero) llevan cinco años y dos meses intentando aprobarla y aún no lo han conseguido».

El 18 de febrero el presidente portugués, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, había enviado la ley, aprobada el 29 de enero, al Constitucional a modo de consulta previa. Consideraba «excesivamente indeterminados» algunos de los requisitos para solicitar que pongan fin a la propia vida.

Siete de los doce magistrados compartieron la visión de que la norma cae en la «imprecisión» sobre los conceptos de «sufrimiento intolerable» y de «lesión definitiva de gravedad extrema». Para que no quede desprotegido el derecho a la vida, afirman, «las condiciones en las que la muerte médicamente asistida es admisible tienen que ser claras, precisas, anticipables y controlables». Horas después de conocerse la sentencia, el presidente vetó la ley por inconstitucional y la envió de vuelta a la Asamblea.

«Imposible» una formulación constitucional

Los partidos que apoyaron la ley han prometido que seguirán trabajando «para llegar a una norma que vaya al encuentro de los recelos» del alto tribunal, afirmó la diputada Isabel Moreira, una de las autoras del texto final. Según ella, la sentencia determina que «no hay incompatibilidad entre la despenalización de la eutanasia y la protección que da la Constitución a la vida humana».

No comparten esta opinión las asociaciones de Juristas Católicos y de Médicos Católicos. En un comunicado, han asegurado que «es imposible otra formulación de la ley que sea conforme a la Constitución». Mirando a los países donde ya existen estas prácticas, «no vislumbramos cómo otra formulación» podría «satisfacer las exigencias de certeza jurídica» que exigen los principios de legalidad y tipicidad penal. Cualquier ley de eutanasia, «independientemente de su redacción, abre inexorablemente la puerta que lleva a una pendiente deslizante de consecuencias trágicas».

Los juristas y médicos católicos van más allá y aseguran que la misma legalización de la eutanasia y el suicidio asistido «viola claramente el principio de inviolabilidad de la vida humana» y el «principio de igual dignidad de todas las personas, al distinguir entre vidas humanas merecedores de protección o no».

¿A la tercera?

Torres, el presidente de la Federación Portuguesa por la Vida, explica que si se modifica y aprueba la norma, el presidente puede firmarla, vetarla o volver a enviarla al Constitucional. «Sería el procedimiento normal», afirma. Y es «lo mismo que ha ocurrido con la maternidad subrogada, que después de dos decisiones de inconstitucionalidad están intentando aprobar por tercera vez».

En un comunicado, la federación provida que preside celebraba que la decisión del Constitucional coincide con «la posición manifestada por gran parte de la sociedad, además de responder a las críticas realizadas a este documento por todas las entidades escuchadas por la Asamblea, entre las que destaca el Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida, los Consejos Superiores de la Magistratura y del Ministerio Público, y las Órdenes de Médicos, Enfermeros y Abogados».

También la Conferencia Episcopal Portuguesa se felicitó por la decisión. «Cualquier legalización de la eutanasia y del suicidio asistido es siempre contraria a la afirmación de la dignidad de la persona humana y a la Constitución» del país, afirmó Manuel Barbosa, su secretario general y portavoz.