«Un solo caso ya sería demasiado»

La primera reacción del Vaticano fue de incredulidad. Con su portavoz, Federico Lombardi, en Madrid (para recoger el Premio ¡Bravo! en la Conferencia Episcopal), la Santa Sede emitió, en la mañana del 5 de febrero, un breve comunicado, en el que tomaba nota del informe, y reiteraba su «compromiso en la defensa y la protección de los derechos de los niños». El Vaticano lamentaba, eso sí, «ver, en algunos puntos de las Observaciones Conclusivas, un intento de interferir en la enseñanza de la Iglesia católica».

Guante de terciopelo para responder a gravísimas acusaciones de amparar los abusos sexuales a miles de niños por parte de sacerdotes y religiosos en todo el mundo, de practicar una política sistemática de encubrimiento ante los casos de pederastia, e incluso de implantar, bajo pena de excomunión, un código de silencio a los miembros del clero que delaten este tipo de casos ante las autoridades civiles. Todas ellas acusaciones injustas, o incluso delirantes, que parten del aún más injusto supuesto de que la Iglesia es un nido de abusadores de menores. Estudios llevados a cabo en Estados Unidos han mostrado que la prevalencia de esos casos es muy inferior en la Iglesia católica que en otras confesiones, y apenas insignificante con respecto a los que se producen entre maestros y otros profesionales que trabajan con niños.

«Se habla de 40 millones de abusos de niños en el mundo. Por desgracia, algunos de estos casos –aunque en proporciones muy reducidas en comparación con todo aquello que está ocurriendo en el mundo– tocan a personas de Iglesia. Y la Iglesia ha respondido y reaccionado, ¡y continúa haciéndolo! Debemos insistir sobre esta política de transparencia, de no tolerancia a los abusos, porque con que hubiera sólo un caso de abuso de un niño ya sería demasiado», decía horas más tarde, en Radio Vaticano, el Observador Permanente del Vaticano ante la sede de Naciones Unidas en Ginebra.

Pero lo cortés no quita lo valiente. «Da casi la impresión» de que el informe estaba ya preparado antes de la reunión del Comité con la delegación de la Santa Sede, denunciaba monseñor Silvano Tomasi. El prelado compareció, el pasado 16 de enero ante la Comisión durante 8 horas, y lamenta no ver recogidas las «respuestas precisas» que dio «sobre varios puntos». Parece, además, «que el documento no se haya actualizado, teniendo en cuenta lo que en los últimos años se ha hecho a nivel de la Santa Sede, con las medidas tomadas directamente por el Estado de la Ciudad del Vaticano y después en los diversos países, a través de las respectivas Conferencias Episcopales». El Comité recibió información de primera mano sobre todo ello, puesto que el Observador Permanente acudió acompañado de monseñor Charles Scicluna, promotor de Justicia, de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el pontificado de Benedicto XVI. En 2010, por ejemplo, se aprobó un endurecimiento de las penas en el Derecho Canónico, y desde entonces la Iglesia persigue con mucha mayor dureza este tipo de delitos que cualquier otro Estado o institución.

Una inquisición laica

Ignorar esos hechos da pie a pensar que el Comité ha basado sus conclusiones sobre las opiniones de algunas ONG contrarias a la Iglesia. «Es típico de tales organizaciones no querer reconocer lo que ha sido realizado por la Santa Sede en la Iglesia en estos años recientes, al reconocer errores, al renovar las normativas, al desarrollar medidas formativas y preventivas», dijo el padre Lombardi, a través de una Nota publicada el viernes, en la web de Radio Vaticano. «Pocas o ninguna otra organización o institución ha hecho lo mismo», resaltó.

Pero lo más grave del informe, para la Santa Sede, es que entra a cuestionar las posiciones doctrinales y morales de la Iglesia en multitud de aspectos, cuestionando la doctrina católica sobre el aborto, la contracepción o la ideología de género, y sugiriendo implícitamente que ahí está la raíz de los abusos. La mayor parte del informe se dedica a abordar ese tipo de cuestiones, ajenas por completo a las competencias del Comité. Es «como si un pequeño párroco rural que, desde el púlpito», condena el aborto y los anticonceptivos «fuera, por este motivo, un sospechoso de pederastia», escribió en La Stampa, de Turín, el escritor y periodista italiano Gianni Riotta. En declaraciones a la agencia Efe, el Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, el sacerdote José María Gil Tamayo, lamentó que el informe aproveche para «entrar en cuestiones claramente ideológicas». Y añadió: «Lo que no puede aparecer ahora es una inquisición laica», que intenta desacreditar a quien los cuestiona.

La pregunta es por qué entonces la Santa Sede no ha respondido de forma más contundente al informe. Una primera y evidente razón es que se quiere evitar transmitir una sensación de autocomplacencia. La Iglesia no puede bajar la guardia, porque «la inocencia de los niños no es negociable», dijo monseñor Scicluna tras su visita a Ginebra. Además, el Vaticano quiere evitar una guerra dialéctica con la ONU. «No se puede hablar de un enfrentamiento entre la ONU y el Vaticano», escribía el padre Lombardi al comienzo de su Nota, y destacaba que la Santa Sede siempre ha dado «un fuerte apoyo moral a la Organización de las Naciones Unidas, como lugar de encuentro entre las naciones».