«Vivir en una habitación me está afectando físicamente»

«En Barcelona hay habitaciones de menos de diez metros cuadrados por las que te cobran 700 euros al mes. Eso es lo que pagaba antes una familia por un piso completo». Lo denuncia Guillermo Oteros, técnico del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Barcelona y uno de los autores del informe Exclusión compartida. Vivir en una habitación en un contexto de exclusión residencial y social, presentado recientemente por la entidad a la que pertenece y el Observatorio de la Vivienda Digna de Esade.

El estudio visibiliza un problema dentro de otro problema. A la crisis de la vivienda en España, caracterizada según Oteros por «un aumento constante del precio de alquiler y compra» —2024 terminó con un incremento anual de más del 8,1 % según el INE—, se le añade la crisis de los cuartos en pisos compartidos. «Es gente no ya que no pueda acceder a una vivienda, sino a la que le cuesta costear incluso una habitación», lamenta el técnico.

Este el caso de Mariela Sánchez, dominicana, a la que la entidad caritativa de la Iglesia ha tenido que ayudar «en alguna ocasión» con el pago de la diminuta estancia que habita, «además de con la comida y un montón de cosas más», manifiesta con agradecimiento.

Con 61 años, llegó a España hace diez meses con la idea de poder trabajar para apuntalar económicamente los «cada vez menos años que me quedan de actividad profesional». Sánchez es enfermera y soñadora. «Me imaginaba trabajando en algún hospital». Pero el sueño se convirtió en pesadilla nada más poner un pie en nuestro país. «Me aseguraron trabajo y acogida; pero ni lo uno ni lo otro».

Al final, acabó malviviendo en un dormitorio «por el que pago 330 euros». La sufraga con su trabajo —esporádico— de limpieza. «El piso lo tiene alquilado una pareja y ellos viven en una de las habitaciones», lo que ha llevado a Mariela a prácticamente no poder salir de la suya. «Paso el mayor tiempo fuera de casa», pero «ahora con el frío no puedo». La clausura le ha pasado factura. Ha desarrollado problemas mentales debido al aislamiento, así como ansiedad y «un fuerte dolor en la espalda». Lo que ocurre es que «estoy estudiando catalán y repaso también lo que voy aprendiendo en los talleres de Cáritas, pero el cuarto es muy pequeño y el pasar tanto tiempo sentada en la cama, con una postura incómoda, me está afectando físicamente».

Escasez de vivienda pública

Junto a Mariela, otras 50.000 personas atendidas por las diez Cáritas con sede en Cataluña viven en habitaciones. En Barcelona, concretamente, esta realidad «afecta a más de 15.000, que son en torno al 40 % o 50 % de las que atendemos», confirma Guillermo Oteros, quien también denuncia la cronificación del problema. «Para el estudio hemos entrevistado a personas que llevaban más de diez años» sobreviviendo de esta manera.

Como causas, además del aumento constante del precio del alquiler y la compra, Oteros cree que «influye también la escasez de oferta de vivienda pública de alquiler». Si a esto se le suma, apunta el técnico de Cáritas Barcelona, «la creciente precariedad laboral y los problemas que acarrea el hecho de estar en situación administrativa irregular —circunstancia que se da en la mayoría de los casos—, vemos que para estas personas es completamente imposible salir».

En el capítulo de las soluciones, Oteros tilda de «esencial» el «promover el aumento del parque de alquiler social» y además «hacerlo accesible a todas aquellas personas que tengan bajos ingresos, independientemente» de si tienen o no la documentación en regla. Lo que ocurre en muchas ocasiones es que «este tipo de viviendas, en sus bases regulatorias, no permite acceder a las personas en situación irregular», lo que termina provocando que «muchas de ellas acaben en una habitación o incluso en la calle». Específicamente para estos casos, el técnico subraya la necesidad de destinar un porcentaje del parque público de vivienda a situaciones de emergencia. «Sería una solución habitacional o residencial para todas aquellas personas que se demuestra que no tienen ninguna otra posibilidad».

Por último, Oteros habla de «explorar alternativas directamente con los propietarios para incentivar que ofrezcan un alquiler reducido». En este sentido, propone las «garantías de cobro» o «los copagos entre la Administración y las familias vulnerables». Otras opciones son la propiedad compartida o la propiedad temporal.