¿Sólo un error técnico?

Hay cosas que no deberían sorprender, pero sorprenden. El rechazo, por parte del Tribunal Supremo, de la absolución del abortista Carlos Morín es una de ellas. «Desde el punto de vista técnico, la sentencia de la Audiencia Provincial no tenía fundamentos sólidos –explica don Josep Mirò, presidente de e-Cristians, una de las tres entidades que se querellaron contra Morín–. Pero como era la sentencia de un tribunal, y se trataba de un recurso de carácter técnico, quedaba la duda de si iban a aceptarlo. Es bastante inédita una sentencia de este alcance», y apoyada por los cinco magistrados, aunque uno haya escrito un voto particular concurrente.

El Supremo rechaza la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona de no admitir tres pruebas clave: los vídeos con cámara oculta de dos televisiones extranjeras, los testimonios de los periodistas, y la declaración del abortista en el sumario. Durante el juicio, Morín se negó a responder a las preguntas de la acusación, y la Audiencia no aceptó que se leyera su declaración previa. En ella, entre otras cosas, al describir los pasos que una mujer daba para abortar en su clínica, olvidaba la consulta con el psiquiatra. El Alto Tribunal no se anda con rodeos: rechazar los vídeos es una decisión «voluntarista e inmotivada», y «esta Sala no puede convalidar» el «abandono (…) de elementales exigencias técnico jurídicas». Por ello, pide que otros magistrados repitan el juicio, se acepten las declaraciones de Morín en sumario y los testimonios de los periodistas, y se valore de nuevo si admitir los vídeos.

Pero no parece que la absolución de Morín fuera sólo fruto de un error técnico. El señor Mirò resalta dos puntos de la sentencia de la Audiencia que, en su opinión, denotan un sesgo ideológico: «Primero, dicen que el aborto que se lleva a cabo en clínicas acreditadas y por personas autorizadas ya es legal; algo que, evidentemente, no es así». En segundo lugar, «presenta como un experto cuyos puntos de vista se han tenido muy en cuenta» a Santiago Barambio, representante de las clínicas abortistas de España, a quien la defensa citó como testigo «sin saberse muy bien con qué motivo».

Sus ideas son las que están detrás de la ley del aborto de 2010, muy unida al caso Morín. «Esta ley –recuerda Mirò– no estaba en el programa electoral del PSOE. Fue el lobby de las clínicas abortistas quien, tras el caso Morín, presionó para que se cambiara la legislación y estar más protegidas». El primer beneficiado fue el mismo Morín, ya que, con la nueva ley, los abortos antes de la semana 14 se dieron por legales, «y los cargos que se le imputaban pasaron de más de un centenar a 89».

Permisividad generalizada

Sin embargo, si bien fue la ley de 2010 y los argumentos que la sostenían los que facilitaron su absolución, no es menos cierto que todo lo sucedido en su clínica se hizo bajo la ley de 1985. «Morín no podría haber hecho lo que hizo sin una Administración favorable de la Generalidad de Cataluña. Había una actitud favorable a Morín en particular, y a las clínicas de aborto en general; y esto ya no lo digo sólo por la Generalidad». Esta permisividad se veía, por ejemplo, en que, a diferencia de cualquier otra clínica privada, nunca se inspeccionaba a los centros de abortos. Además, cuando empezaron a plantearse la querella contra Morín, los asesores de e-Cristians les dijeron que «era muy improbable que un tema de aborto fuera juzgado en este país». En definitiva, «hay todo un ámbito de protección a estos centros sobre el que merecería la pena reflexionar».

Una reflexión más necesaria que nunca en este momento, en el que se prepara una reforma de la ley del aborto. «La experiencia es muy clara, y lo que va a determinar la buena voluntad del Gobierno» será la respuesta que dé. Para ello, el presidente de e-Cristians pide concreción al delimitar los supuestos, y que «los Decretos que desarrollen la reforma, y también la Administración, adopten los medios necesarios» para hacer cumplir la ley.