Podemos insiste en derogar los acuerdos Iglesia-Estado y pide más información sobre las inmatriculaciones
También ha reclamado una ley orgánica de libertad de conciencia que «garantice la laicidad» del Estado y que el patrimonio con categoría de interés cultural en posesión de las instituciones eclesiásticas se declare de dominio público
Unidas Podemos ha solicitado en el Congreso derogar los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979, así como los pactos existentes de este tipo con las confesiones minoritarias. Lo ha planteado mediante una proposición no de ley, impulsada por el diputado Txema Guijarro, para su debate en la Comisión Constitucional y que, además, exige recabar de los registros de propiedad el listado y notas simples de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia católica desde 1946 a 1998, al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria vigente en ese periodo.
En esta iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, demanda acometer las modificaciones legislativas oportunas para recuperar esos bienes inmatriculados y exige cambios normativos para que los bienes que constituyan patrimonio histórico declarado de interés cultural, y que estén en posesión de la Iglesia, pasen a las administraciones mediante la declaración de dominio público.
Por otro lado, Unidas Podemos ha pedido el impulso del Congreso de los Diputados a un proyecto de ley que garantice la laicidad del Estado y la libertad de conciencia de las personas, «independientemente de sus convicciones». Esta propuesta normativa figura en el programa electoral del grupo desde 2016 y es un punto del acuerdo de coalición, el 5.5, donde especifica la aprobación de una ley sobre libertad de conciencia que garantice la «neutralidad» frente a todas las confesiones religiosas.
Guijarro ha señalado que desde la aprobación de la Constitución en 1978, España «acusa una carencia de legislación en materia de libertad de conciencia», que cubra «todo tipo de convicciones personales», así como «regular la laicidad institucional y la correspondiente separación Iglesia-Estado». Esta situación, ha relatado el parlamentario, es fruto «en gran medida del pasado dictatorial nacional-católico, un anacronismo que debe ser superado para equiparar al país con los Estados del entorno». Por eso, ha recalcado la «necesidad de la promulgación de una ley de libertad de conciencia, con el fin de superar el vacío legal soportado hasta el momento», y, a su vez, «actualizar la legislación referente a la libertad religiosa, al igual que la necesidad de garantizar un tratamiento igualitario para toda la diversidad de la sociedad española en este aspecto».
Respecto a las inmatriculaciones, desde Unidas Podemos han señalado «que se realizaron un total de 34.961 a favor de la Iglesia entre 1998 y la entrada en vigor de la actual normativa en 2015, de los cuales 20.014 son templos y el resto otro tipo de fincas», han recalcado que el informe elaborado por el Ejecutivo no abarca todo el ámbito competencial desde 1946, por lo que se sospecha «que la incidencia real de las inmatriculaciones es aún mayor», y han calificado de «insuficiente la cifra de un millar de bienes» sobre los que la Iglesia asegura que no le consta su titularidad o que corresponden a terceros.