La crisis sanitaria que todavía hoy nos asola está poniendo en un primer plano parálisis sociales preexistentes que de algún modo estaban ocultas. ¿Qué respuesta social damos ante el sufrimiento, el dolor y una muerte inminente? ¿La eutanasia? Si hay algo que la COVID-19 nos ha puesto a la vista es la realidad de la muerte. Muerte en soledad, probablemente sin dolor físico, con personas extrañas alrededor y aislados del calor de la familia.

Hace unos meses falleció la madre de una amiga después de más de 20 días ingresada por coronavirus, Maribel. Una mujer excepcional con seis hijos y 28 nietos. Entre los hijos echaron a suertes los dos que podían ir al sepelio: «No me ha tocado». Al dolor de la pérdida se suma la imposibilidad del encuentro y la despedida. Esta realidad vivida en muchas familias ha puesto de manifiesto ante nuestra sociedad la importancia del cuidado y del acompañamiento familiar hasta el último suspiro.

«Las leyes eutanásicas y otras actitudes nihilistas vienen a justificar la financiación de la muerte por el Estado como si de un aspecto de seguridad social se tratara»

En el pensamiento de Ortega, y también de Zubiri, hay una identificación de realidad y verdad; son la misma cosa. Las ideologías fácilmente enmascaran y permiten un alejamiento de la realidad, es más, crean realidades nuevas. Las leyes eutanásicas y otras actitudes nihilistas vienen a justificar la financiación de la muerte por el Estado como si de un aspecto de seguridad social se tratara. Para el académico y profesor Dalmacio Negro Pavón este tipo de leyes simbolizan «un triunfo del Estado, dueño de la vida y de la muerte». Aunque se presenten socialmente como un triunfo de la libertad o un supuesto derecho. Este nuevo derecho posmoderno es fruto de un individualismo exacerbado, de la crisis demográfica, del cálculo coste-beneficio neoliberal y de la perdida de energías humanas que acontecen dentro de todo sistema social que pone en primera línea el consumo, la utilidad, el placer o el bienestar.

Según un estudio del CIS sólo un 6 % de los médicos encuestados considera que proporcionar la eutanasia es la respuesta adecuada al sufrimiento del final de la vida. La mayoría, el 69.8 %, apuesta por controlar los síntomas y el dolor y un 12 % por el apoyo emocional al paciente. De ese mismo estudio podemos inferir que la eutanasia es solicitada en mayor medida por las familias que por los propios pacientes. El número de peticiones de eutanasia o suicidio asistido realizadas por pacientes es de media menos de la mitad que las formuladas por los familiares del paciente. Si la media de peticiones de eutanasia por los propios enfermos es de 2,41, la media de peticiones familiares asciende a 6,27. ¿Dónde quedaría la autonomía del paciente si su decisión viene influida por el contexto familiar, económico y social?

6 %

de los médicos en España cree que la eutanasia es la respuesta adecuada al sufrimiento. Por contra, la gran mayoría apuesta por controlar el dolor y los síntomas y por el apoyo emocional al paciente.

En Holanda, las peticiones de eutanasia disminuyen a porcentajes irrisorios si el paciente está atendido en una unidad de cuidados paliativos y se puede constatar una clara correlación con el nivel socioeconómico del enfermo. ¿No debería el Estado ayudar subsidiariamente a las familias que no tienen recursos para unos cuidados paliativos más que financiar una muerte rápida y, por supuesto, más económica para las arcas públicas?

Consecuencias sociales

Dentro de las muchas consecuencias sociales de la eutanasia estaría la interceptación de un proceso natural de aceptación de la muerte y del duelo de la familia. Adelantando la muerte se podría ver privado de alguna de sus fases, al igual que ha hecho el virus que nos asola. Todo esto lo tienen muy en cuenta los modernos cuidados paliativos que saben que no solo sufre el enfermo sino también la familia. En muchas ocasiones por no poder materialmente, en otras por no poder sufrir; pero el hecho resultante es que nos encontramos ante un «déficit de los cuidados familiares» como lo denomina el doctor Martínez-Sellés.

Este déficit y otros muchos de índole económica pueden hacer socialmente aceptable la muerte infligida por el Estado, pero la realidad y la verdad que ha puesto de manifiesto esta pandemia es otra: el cuidado, el acompañamiento hasta la muerte natural de nuestros familiares es un proceso que actúa como bálsamo. Tiene la virtud de suavizar, de atenuar el desgarro que significa la muerte. Este acompañamiento familiar es nuestro paliativo social. Esperemos que la experiencia vivida con la COVID nos ayude a que el virus de la eutanasia no se extienda en nuestra sociedad. Porque en unos primeros momentos –tal vez uno o dos años– tendremos un intenso debate ético sobre la eutanasia para pasar rápidamente al otro extremo, como demuestra la experiencia de nuestra vecina Holanda. Los ciudadanos enfermos o discapacitados que no soliciten eutanasia y pidan expresamente cuidados paliativos serán tachados de insolidarios, retrógrados e irracionales. Las familias que acompañen y cuiden de sus familiares hasta la muerte natural serán unos fundamentalistas ilógicos. El virus de la eutanasia no dejará ver la realidad ni la verdad. Antes que acontezca esa «posverdad» recordemos la declaración de la OMS (Ginebra, 1990): «Con el desarrollo de métodos modernos de tratamiento paliativo, no es necesaria la legalización de la eutanasia».