Migrantes sin derechos en la Frontera Sur

La arbitrariedad en los trámites jurídicos, el rechazo de la población local a los migrantes e incluso los casos de maltrato ponen en jaque los derechos humanos en Melilla

Rodrigo Moreno Quicios
A pesar de la alarma social, según el informe Sacar del Laberinto, menos de 5.000 personas entraron de forma ilegal en Melilla a lo largo de 2017. Foto: AFP Photo/Blasco Avellaneda

La arbitrariedad en los trámites jurídicos, el rechazo de la población local a los migrantes e incluso los casos de maltrato ponen en jaque los derechos humanos en Melilla

La ciudad de Melilla está en la lista negra en multitud de informes de derechos humanos. Devoluciones en caliente, comisarías de Policía que se niegan a tramitar solicitudes de asilo, abogados de oficio que apenas tienen dos minutos para atender cada caso, menores que viven en un clima de constante violencia… Incluso entre los propios funcionarios se ha interiorizado que hay derechos que sencillamente no rigen cuando la persona es migrante. Cada vez que Diego Fernández-Maldonado, abogado del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), exige el cumplimiento del ordenamiento jurídico, alguien le responde: «Eso será en la península pero aquí, en Melilla, es distinto».

Aunque los Cuerpos de Seguridad tienen formación en derechos humanos, «el trato varía mucho y, al recoger testimonios de migrantes, manifiestan diferentes situaciones de maltrato». Algunas de ellas reflejadas en el informe Sacar del Laberinto, donde el SJM señala la vulneración de derechos en Melilla, una ciudad que, al servir de dique de contención a las migraciones, genera situaciones ambiguas en las que el Estado de Derecho difumina sus perfiles.

Refugiados sin saberlo

De las 57.378 personas que han entrado este año en España a través de sus costas, Ceuta o Melilla, un 27 % proceden de Guinea-Conakry y otro 17 % de Mali. Dos países de África Occidental en los que, aunque el idioma oficial sea el francés, las personas de origen humilde solo hablan lenguas vernáculas como el bámbara, el susu o el maninké.

El desconocimiento de estas lenguas por parte de los intérpretes lastra la comunicación entre los migrantes y sus abogados. Por consiguiente, es relativamente común que las personas provinientes de Mali, un país sacudido por la rebelión tuareg de 2012 y por el ébola un año después, ignoren ser potenciales beneficiarias de asilo. Algo similar a lo que les sucede a otras personas de zonas castigadas por el yihadismo. «Muchos no saben que, según la Convención de Ginebra, si te persiguen a causa de tu religión tienes derecho a pedir asilo», comenta Josep Buades, responsable del equipo Frontera Sur del Servicio Jesuita a Migrantes.

En respuesta a estas carencias, el SJM (con el apoyo de ACNUR) presta en Melilla asistencia letrada a los migrantes que se lo solicitan. Además, imparte charlas informativas para dar a conocer el derecho a protección internacional que otras instituciones les ocultan pues, como revela Fernández-Maldonado, «hay una práctica en la que la gente entra en las comisarías o los juzgados y firma cosas sin enterarse de lo que está ocurriendo y sin ni siquiera saber que tiene un abogado».

Un reto para la cordura

El hacinamiento en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y la incertidumbre sobre su futuro genera un fuerte impacto psicológico en los residentes. «Llevo un año visitando el CETI y voy notando el deterioro en las personas por estar tanto tiempo en un centro no pensado para estancias largas sin saber si saldrán este miércoles, el que viene o en un año», comenta Fernández-Maldonado.

Una sensación de vulnerabilidad que se ve acrecentada por la arbitrariedad con la que se conceden los traslados a península que solicitan los residentes dependiendo de su nacionalidad. Así, aunque la estancia media es de algo más de dos meses, las personas pakistaníes y bengalíes superan los 220 días. «Hacemos un seguimiento semanal y aún no encontramos ningún patrón claro», explica el abogado, quien denuncia que las administraciones estén «deteriorando la salud mental de muchas personas innecesariamente».

Ante este escenario, el SJM pretende combatir el desarraigo y la falta de mecanismos de integración con «una labor de acompañamiento y la generación de un ambiente de confianza que no sea tan hostil».

A la caza de menores

La inseguridad que sufren los inmigrantes es Melilla es especialmente grave en el caso de los menores no acompañados, quienes se hacinan en centros de acogida que cuadriplican su capacidad. Instalaciones dotadas con solo una psicóloga que, «por muy buena que sea, no puede hacer realmente un seguimiento eficaz», lamenta Fernández-Maldonado.

Como consecuencia, «muchos niños están en la calle porque no aguantan las condiciones», lo que le hace preguntarse al abogado: «¿Por qué prefiere un niño dormir en la calle que en un centro de protección?». La exclusión de estos menores de los cauces de integración ha servido como combustible a colectivos xenófobos que, a través de un grupo de Facebook, animaron a la población a meter a esos menores «en un pozo y que no salgan por golfos y ladrones» o a tomarse la justicia por su mano para que algún chico «acabe volviendo al centro en una caja de pino».

Este tipo de mensajes generaron el caldo de cultivo para que pandillas racistas patrullaran la calles por la noche acompañadas por perros y armadas con bates de béisbol, llegando a producirse alguna agresión. Por esa razón, tanto la asociación Por los derechos de la infancia (Prodein) como el SJM han tomado parte en un procedimiento penal contra los autores de dichos mensajes de odio.

Colaboración entre instituciones

A la hora de abordar el fenómeno migratorio, la colaboración entre organizaciones es fundamental. Por ese motivo, el SJM ha participado activamente en formaciones organizadas por el Ministerio del Interior para cuerpos de seguridad y personal de ONGs. De este modo, el personal en frontera puede generar mecanismos de comunicación para resolver conflictos cuando las labores de control fronterizo y la salvaguarda de los derechos chocan entre sí. Al fin y al cabo, como señala Josep Buades, «todos tratamos de salvaguardar los derechos humanos y constitucionales desde perspectivas diferentes»

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¿De quién son responsabilidad las aguas costeras?

La estancia de los migrantes en Melilla depende en gran medida de su nacionalidad. Foto: AFP Photo/Ángela Ríos

«Salvamento marítimo actúa con una profesionalidad increíble y merece un monumento», señala Josep Buades, responsable del equipo Frontera Sur del Servicio Jesuita a Migrantes. Sin embargo, y a pesar del desempeño del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, las operaciones de rescate en las aguas de Melilla a menudo pueden ser algo confusas debido al conflicto territorial entre España y Marruecos. Un debate enquistado que se ha visto agravado con la recuperación del acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, firmado en 1992.

Este acuerdo, que regula la devolución de personas desembarcadas en islotes y peñones, se aplica de forma desigual en función del accidente geográfico concreto en el que tomen tierra los migrantes, lo que genera confusión entre los efectivos de rescate de España y Marruecos.

La más sonada de estas confusiones sucedió el pasado 31 de agoto de 2017, cuando una patera ocupada por varios inmigrantes subsaharianos fue perseguida por una lancha de la Gendarmería Real. Presos del pánico, varios ocupantes se lanzaron al mar confiando en ser salvados por el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, quienes acudieron en su rescate al comprobar la inacción de la Gendarmería Real. Fruto de la confusión, la embarcación de los inmigrantes zozobró, lo que arrastró a siete mujeres a la muerte.

«Cuando le preguntamos por el tema, a la delegación del gobierno no le constaban esas muertes, pero a nosotros sí», denuncia Buades. Ante incidentes como este, el SJM pide un protocolo claro de actuación en el que «debe primar el criterio de salvar vidas».

R. M. Q.