Los trabajos de exhumación en el Valle de los Caídos comienzan el lunes - Alfa y Omega

Los trabajos de exhumación en el Valle de los Caídos comienzan el lunes

Los técnicos de Patrimonio Nacional comenzarán el próximo lunes los trabajos de exhumación de cuatro personas en el Valle de los Caídos tras la sentencia en firme del juzgado de El Escorial

Redacción
Foto: REUTERS/Paul Hanna

Los técnicos de Patrimonio Nacional comenzarán el próximo lunes los trabajos de exhumación de cuatro personas en el Valle de los Caídos tras la sentencia en firme del juzgado de El Escorial

Así consta en un oficio de la citada institución dirigido al prior de la abadía, Santiago Cantera, donde se informa del inicio de las tareas para ejecutar el auto dictado hace dos años por el Juzgado de primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial que autorizó esta exhumación.

La noticia fue confirmada posteriormente por el abogado de las familias implicadas, Eduardo Ranz, que añadió que se trata de trabajos «preliminares» científicos para analizar cómo se sacan los cuatro cadáveres. «Es un momento histórico, es la primera vez que se entra con una sentencia firme que pone fin a un proceso de seis años. La sociedad ahora es testigo», afirmó Ranz.

Estos trabajos en un primer lugar serán «arqueológicos» en la «fosa más grande de toda España. A partir de ahí el siguiente paso ya es la exhumación». Un vez sacadas las conclusiones de estas actuaciones, los arqueólogos y especialistas emitirán informe en el que expondrán cómo penetrar en el osario de la cripta del sepulcro.

La exhumación afecta a Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás. Ambos fueron fusilados en Calatayud en 1936 y trasladados al Valle de los Caídos, al entender que «el derecho a una sepultura digna está indisolublemente unido a la dignidad propia de todo ser humano, con independencia a la forma en la que falleció».

Antecedentes

El magistrado acordó que se inscribiera en un registro público que Manuel Lapeña, fundador de la CNT de Calatayud, desaparecido el 27 de julio de 1936 y con acta de defunción del 14 de agosto de ese año, fue fusilado por las autoridades en el barranco de La Bartolina y enterrado en una fosa común, «sin que conste juicio con condena a pena de muerte conforme legislación vigente en el momento de los hechos, con carácter legítimo». Y que su hermano Antonio Ramiro, tras ocultarse de las autoridades, se entregó en octubre de 1936, y fue fusilado el 20 de octubre de 1936 en la tapia del cementerio municipal de Calatayud, enterrándose sus restos en una fosa común, sin que tampoco conste juicio con condena a pena de muerte conforme legislación vigente en el momento de los hechos.

El juez consideró que existe una «alta probabilidad» de que los restos cadavéricos se encuentren en los columbarios comprendidos entre el 2061 y 2069 de la cripta principal, por lo que entiende que la «única forma de acreditarlo» es a través de la prueba de ADN.

El auto valoraba el criterio del Tribunal Supremo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la jurisdicción civil para defender que los familiares de las víctimas tienen derecho a pedir su identificación, regularizar su situación y darles una digna sepultura, lo que supone la entrega de los restos cadavéricos.

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