Los obispos piden al Gobierno que reconozca el matrimonio como unión hombre-mujer. «Es urgente la modificación de la ley»

«La actual legislación española sobre el matrimonio —con independencia de que sea o no conforme a la Constitución— es gravemente injusta», por lo que urge su modificación. Ésta es la primera reacción, desde la Conferencia Episcopal Española (CEE), a la sentencia del Tribunal Constitucional que declara el llamado matrimonio homosexual conforme a la Constitución. Diversas organizaciones sociales también exigen al Gobierno que cambie la ley. «En un momento en que el PP está perdiendo la adhesión de parte de su electorado», no hacerlo sería «muy poco inteligente políticamente», advierte el Foro Español de la Familia

Ricardo Benjumea 15 de Noviembre de 2012

Manifestación en Madrid con el lema La familia sí importa, en junio de 2005, ante la iniciativa legislativa del Gobierno socialista.

Constitucional o no, la Nota del Comité Ejecutivo de la CEE, hecha pública el 8 de noviembre, considera gravemente injusta «la actual legislación sobre el matrimonio, puesto que no reconoce ni protege la realidad del matrimonio en su especificidad. Es, pues, urgente —añade la Nota— la modificación de la ley, con el fin de que sean reconocidos y protegidos los derechos de todos en lo que toca al matrimonio y a la familia. Pensamos, en particular, en el derecho de quienes contraen matrimonio a ser reconocidos expresamente como esposo y esposa; en el derecho de los niños y de los jóvenes a ser educados como esposos y esposas del futuro; y en el derecho de los niños a disfrutar de un padre y de una madre, en virtud de cuyo amor fiel y fecundo son llamados a la vida y acogidos en una familia estable. Ninguno de estos derechos es actualmente reconocido ni protegido por la ley».

Sobre el asunto hizo también una alusión el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid y presidente de la CEE, en su homilía, durante la celebración de la Virgen de la Almudena, Patrona de la archidiócesis de Madrid: «¡Que se asegure, con efectividad jurídica y social, a todos los niños de Madrid y del mundo, que puedan contar y vivir con su padre y con su madre, en la medida de lo realmente posible! —dijo— Se trata de uno de los derechos más fundamentales y primarios de la persona humana».

En la víspera, el obispo de San Sebastián mostró su estupor ante la argumentación del fallo del Tribunal Constitucional (TC), que alude a la evolución de la mentalidad de la sociedad acerca del matrimonio. «Me sorprende que la clave no está en que se ajuste o no» a la Constitución, «sino a lo políticamente correcto», dijo monseñor José Ignacio Munilla desde Zaragoza. «Entonces, mi pregunta es: ¿para qué necesitamos una Constitución, si al final el criterio va a ser lo políticamente correcto?».

Los obispos rezan, al comienzo de una de las reuniones de la Conferencia Episcopal Española.

A falta de conocerse el texto de la sentencia, el fallo del Constitucional, aprobado por una amplia mayoría de 8 votos frente a 3, argumenta que la sociedad acepta hoy mayoritariamente que las personas del mismo sexo puedan casarse, pese a reconocer que esa posibilidad no estaba contemplada cuando se aprobó la Carta Magna, en 1978. Por otro lado, el TC subraya que la Constitución no obliga a reconocer este tipo de matrimonios y que, en todo caso, la ley podría reformarse, para darle un nombre distinto a estas uniones.

La intención del Gobierno, sin embargo, es dejar las cosas como están. «El Tribunal Constitucional, al establecer que la Constitución ampara que esta unión de personas del mismo sexo cabe dentro de la concepción de matrimonio que recoge el texto constitucional, ha establecido una doctrina que para nosotros es, en este caso, vinculante», dijo el ministro de Justicia, don Alberto Ruiz Gallardón.

La única voz discrepante en el Ejecutivo fue la del titular de Interior, don Jorge Fernández Díaz: «Sigo creyendo que el matrimonio define la unión de un hombre y una mujer, y estoy en contra del derecho a adoptar niños por parejas del mismo sexo», ya que «debe prevalecer el derecho del niño», dijo.

El diputado popular don José Eugenio Azpiroz se refirió al TC como un tribunal politizado y advirtió de que un sector del PP no va a cruzarse de brazos. Por el contrario, otras voces populares descalificaban ya las críticas contra la sentencia como anticonstitucionales.

La libertad religiosa y de conciencia, amenazada

«En un momento en que el PP está perdiendo la adhesión de parte de su electorado por su política en materia fiscal o antiterrorista, que ahora renuncie a defender sus posturas tradicionales en materia de matrimonio y familia, o educación, me parecería muy poco inteligente políticamente», advertía don Benigno Blanco, Presidente del Foro Español de la Familia. Si el PP «no deroga inmediatamente la ley de 2005», el Foro promoverá una Iniciativa Legislativa Popular para reestablecer el matrimonio como unión específica entre un hombre y una mujer.

Peticiones similares se lanzaban al Gobierno desde la Confederación Católica de Padres y Alumnos (CONCAPA), Profesionales por la Ética, o la Asociación Católica de Propagandistas. Hazteoír, que ha lanzado la campaña Yo no lo llamaré matrimonio, subraya que el reconocimiento legal del llamado matrimonio homosexual implica también violentar el derecho a la libertad religiosa y de conciencia de quienes no están de acuerdo. Recuerda, por ejemplo, la sanción del Ayuntamiento de Madrid contra un restaurante que se negó a organizar un banquete de boda para una pareja homosexual; el traslado y expediente a la juez doña Laura Alabau por negarse a oficiar estos enlaces; la usurpación de derechos de los padres, con «el adoctrinamiento a menores desde edades muy tempranas en la nueva ortodoxia homosexual» en las escuelas; o los ataques a la libertad de expresión, como sucedió con la reciente persecución al obispo de Alcalá de Henares, monseñor Juan Antonio Reig Pla.

Nota del Comité Ejecutivo de la CEE sobre el matrimonio y el fallo del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional ha avanzado anteayer el sentido de una sentencia, que publicará próximamente, en la que resuelve que la actual legislación española sobre el matrimonio es conforme a la Constitución. Ante la trascendencia de este fallo, recordamos brevemente la doctrina católica, sin perjuicio de que, cuando sea conocida la sentencia, sean necesarias más precisiones.

1. La legislación actualmente vigente en España ha redefinido la figura jurídica del matrimonio de tal modo, que éste ha dejado de ser la unión de un hombre y de una mujer y se ha transformado legalmente en la unión de dos ciudadanos cualesquiera, para los que ahora se reserva en exclusiva el nombre de cónyuges o de consortes. De esta manera, se establece una insólita definición legal del matrimonio con exclusión de toda referencia a la diferencia entre el varón y la mujer. Los españoles han perdido así el derecho de ser reconocidos expresamente por la ley como esposo o esposa, y han de inscribirse en el Registro Civil como cónyuge A o cónyuge B.

2. Por tanto, no podemos dejar de afirmar, con dolor, que las leyes vigentes en España no reconocen ni protegen al matrimonio en su especificidad. Por ello, convencidos de las consecuencias negativas que se derivan para el bien común, alzamos nuestra voz en pro del verdadero matrimonio y de su reconocimiento jurídico. Todos, desde el lugar que ocupamos en la sociedad, hemos de defender y promover el matrimonio y su adecuado tratamiento por las leyes. Es el momento de leer de nuevo la reciente Instrucción pastoral de la Asamblea Plenaria de nuestra Conferencia Episcopal titulada La verdad del amor humano. Orientaciones sobre la verdad del amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar, aprobada el pasado 26 de abril y publicada el 4 de julio.

3. No es de nuestra competencia hacer juicios sobre la pertinencia jurídica de las sentencias de los tribunales. Es, en cambio, nuestra obligación ayudar al discernimiento acerca de la justicia y de la moralidad de las leyes. En este sentido, debemos reiterar que la actual legislación española sobre el matrimonio —con independencia de que sea o no conforme a la Constitución— es gravemente injusta, puesto que no reconoce ni protege la realidad del matrimonio en su especificidad. Es, pues, urgente la modificación de la ley con el fin de que sean reconocidos y protegidos los derechos de todos en lo que toca al matrimonio y a la familia. Pensamos, en particular, en el derecho de quienes contraen matrimonio a ser reconocidos expresamente como esposo y esposa; en el derecho de los niños y de los jóvenes a ser educados como esposos y esposas del futuro; y en el derecho de los niños a disfrutar de un padre y de una madre, en virtud de cuyo amor fiel y fecundo son llamados a la vida y acogidos en una familia estable. Ninguno de estos derechos es actualmente reconocido ni protegido por la ley.

Que María Santísima cuide de las familias e interceda por los gobernantes, sobre quienes pesa el deber y a quienes compete el servicio de ordenar con justicia la vida social.