La represión de Ortega se ceba ahora con los activistas de Derechos Humanos

Nicaragua se encuentra a pocos meses de una nueva cita electoral: los comicios presidenciales del 7 de noviembre de 2021. Consciente de su importancia, el presidente del país lleva meses tratando de allanar el camino para su reelección. Su Gobierno ya aprobó en octubre un trio de leyes que, bajo el pretexto de salvaguardar la soberanía y la seguridad nacional, en realidad, están ahogando a las organizaciones de derechos humanos y de libertad de expresión y de prensa, entidades todas ellas muy críticas con la gestión de Ortega.

Una de las normas que más afecta a este tipo de organizaciones es la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Se trata de la ley 1040, popularmente conocida en el país como ley Putin, que penaliza la financiación internacional y los donativos recibidos desde el exterior con sanciones de hasta 500.000 dólares e incluso penas de cárcel.

Para evitar las sanciones, las entidades que reciban este tipo de ingresos deben registrarse como «agentes extranjeros» y someterse a un férreo control por parte de las autoridades, lo que ha sido interpretado por los opositores como una nueva hazaña represora por parte del régimen de Ortega. «Fue una ley inconsulta, que violenta derechos constitucionales. Una ley ordinaria no puede estar por encima de la Constitución, que en su artículo 49 reconoce las diferentes formas y expresiones de asociación y también la participación ciudadana a través de diferentes mecanismos», explica a Alfa y Omega Guillermo Medrano, excoordinador de Derechos Humanos de la Fundación Violeta Chamorro.

Medrano ocupaba este cargo hasta el pasado 5 de febrero, día en el que la Fundación anunció el cese de operaciones como consecuencia de esta ley. La dirección de la Fundación, creada por Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, «prefirió cerrar la institución con dignidad, antes de tenerla abierta y vivir bajo la represión y el chantaje estatal», asegura Medrano.

Antes del cese, la organización interpuso el 18 de diciembre un recurso de inconstitucionalidad, al igual que otras 60 organizaciones más de la sociedad civil. Pero el excoordinador de Derechos Humanos no confía en que este prospere: «No han contestado, nos han ignorado por completo y lo van a dejar durmiendo el sueño de los justos», asegura.

Preocupación de la Comisión Interamericana

La Fundación Violeta Chamorro, que se dedicaba desde hace 20 años a la promoción de la libertad de expresión, el acceso a la información pública, la defensa de los derechos humanos y la promoción de iniciativas ciudadanas, no ha sido la única en cerrar. 24 horas antes había tomado la misma decisión PEN Nicaragua, una organización internacional de periodistas, poetas y escritores que promueven la libertad de expresión.

El cese de ambas entidades, sobradamente conocidas en toda Nicaragua, ha trascendido incluso las fronteras del país y ha causado inquietud en toda la región. Incluso la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su «preocupación por el anuncio de suspensión de operaciones» al mismo tiempo que calificó a la ley como un «instrumento abusivo para destruir el tejido social incluyendo medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil». Por todo ello, la Ley de Agentes Extranjeros es «contraria a los estándares interamericanos».

Duro informe de Amnistía Internacional

A las críticas de la CIDH se ha sumado este lunes las de Amnistía Internacional, que ha presentado un informe titulado El Silencio a cualquier costo: Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua en el que denuncia que «las autoridades se han dedicado a erradicar, a cualquier costo, el activismo y la defensa de los derechos humanos» desde que estallara la crisis social en abril de 2018.

La ONG también señala las «estrategias» utilizadas por las autoridades, «que han perpetuado uno de los capítulos más sombríos en la historia reciente del país, donde cualquier persona que se oponga a las políticas del gobierno puede perder su libertad y hasta su vida».