La Iglesia se opone a la censura del Gobierno de Nicaragua - Alfa y Omega

La Iglesia se opone a la censura del Gobierno de Nicaragua

Se ha posicionado en un comunicado contra Ley Reguladora de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos, que el Gobierno de Ortega está tratando de sacar adelante

José Calderero de Aldecoa
El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua durante la rueda de prensa en la que han manifestado su oposición a los proyectos de ley del Gobierno

El Gobierno de Daniel Ortega sigue empeñado en acallar todas las voces discordantes contra su gestión al frente del Ejecutivo de Nicaragua. Lleva meses tratando de aparentar normalidad frente a la comunidad internacional y ahora ha dado un nuevo paso en este propósito con la presentación de la Ley Reguladora de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos. 

Sin embargo, el todavía presidente nicaragüense se ha encontrado con una dura oposición ante sus intentos de censura, nuevamente liderada por la Iglesia católica. En un comunicado publicado este lunes, la Comisión de Justicia y Paz de la archidiócesis de Managua (Nicaragua) tilda estos proyectos legislativos como «nuevas amenazas a la libertad y a la integridad física de las personas». 

Contra la libertad de expresión 

Diversas fuentes consultadas por este periódico explican que el Gobierno de Nicaragua, «en su afán de represión, está tratando de sacar adelante estas leyes que coartarían la libertad de expresión». Se trata de «una ley mordaza en toda regla», aseguran.  

«Se señala específicamente a quien pueda dar información a los medios de comunicación desde el Gobierno o a cualquiera que propague noticias falsas». El problema es que «Ortega incluye en esta categoría todas las noticas que le son desfavorables». 

Año electoral 

Estas leyes preocupan a la Iglesia, más si cabe, al acercarse el año 2021, cuando deberían celebrarse elecciones presidenciales en el país. «De celebrarse elecciones, éstas deben contar previamente con las necesarias y adecuadas condiciones. Es impensable una participación ciudadana sin la necesaria información que proveen los medios independientes, que se encuentran cada vez más acosados», señalan desde la Comisión de Justicia y Paz. 

De esta forma, «el comunicado de la Iglesia no da por seguro la celebración de elecciones. Sugiere que solo pueden celebrarse si se dan las condiciones democráticas oportunas», señalan las fuentes. 

Aumento de la violencia 

La Iglesia de Managua subraya por último, «el aumento de la violencia ocasionada en los sectores más vulnerables de la sociedad: ancianos, niños, mujeres. Esto es fruto de la ausencia de una adecuada educación en valores familiares y cívicos a lo largo de décadas». 

Reacción de la UE 

A las maniobras del Gobierno de Ortega también ha reaccionado la Comisión Europea, que a través de su vicepresidenta –Dubravka Suica– avisa de que la potencial nueva legislación «probablemente afectará» a los programas de cooperación que este país tiene con la Unión Europea (UE) y a los « compromisos y obligaciones de Nicaragua en derechos humanos». 

«Ante la renovada tendencia de persecución, acoso e intimidación, la UE está siguiendo la posible adopción de la Ley Reguladora de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos, que podrían usarse para incrementar la presión sobre la sociedad civil en Nicaragua» y para «restringir aún más los derechos sociales y políticos de individuos, la sociedad civil y los medios, explicó Suica en un debate en el Parlamento Europeo. 

Periodistas contra la vulneración de derechos 

Por su parte, el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) anunció este viernes que recurrirá por inconstitucional la Ley Especial de Ciberdelitos una vez sea aprobada por la Asamblea Nacional, donde los sandinistas, promotores de esa iniciativa, tienen mayoría absoluta. 

Además, el PCIN pidió a la comunidad internacional que tome nota de lo que está ocurriendo en Nicaragua con estas propuestas legislativas, que a juicio de Sergio Marín Cuernavaca, directivo del PCIN, «laceran y vulneran los derechos de los nicaragüenses».