El presidente de Nicaragua quiere mandar a la cárcel a sus críticos - Alfa y Omega

El presidente de Nicaragua quiere mandar a la cárcel a sus críticos

El Ejecutivo presidido por Daniel Ortega ha aprobado en 15 días dos leyes que «amenazan a la libertad y a la integridad física de las personas», según la Iglesia, y que «forman parte de una estrategia desplegada desde 2018 para perseguir a periodistas, a las ONG y atacar libertades públicas en Nicaragua», según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

José Calderero de Aldecoa
Sesión de discusión de la Ley Especial de Ciberdelitos. Foto: AFP

El Gobierno de Nicaragua aprobó este martes la Ley Especial de Ciberdelitos, que establece penas de entre uno y 10 años de cárcel a los condenados por ciberdelitos en contra de la seguridad del Estado.

Oficialmente, la norma tiene el objetivo de «prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías y la comunicación, en perjuicio de personas naturales o jurídicas». Sin embargo, la oposición afirma que en realidad lo que se trata es de coartar la libertad de expresión de la prensa y de silenciar a los sectores críticos con el Gobierno de Daniel Ortega.

Amenazas a la libertad

Esta misma postura es la que mantiene la Iglesia ante la ley. A principios del mes de octubre, la Comisión de Justicia y Paz de la archidiócesis de Managua (Nicaragua) ya tildó este legislación y la Ley Reguladora de Agentes Extranjeros como «nuevas amenazas a la libertad y a la integridad física de las personas».

Precisamente, la Ley Reguladora de Agentes Extranjeros fue aprobada hace tan solo 15 días y controlará la actividad de aquellas personas o empresas que reciben financiación del exterior. De nuevo, la oposición denuncia que en realidad esta norma posibilitará el bloqueo de la financiación de diferentes organismos como ONG, periodistas o la misma oposición.

Comisión de Derechos Humanos

Ambas leyes fueron criticadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que este miércoles pidió dejarlas sin efecto ya que «forman parte de una estrategia desplegada desde 2018 para perseguir a periodistas, a las ONG y atacar libertades públicas en Nicaragua».

Según la CIDH, la ley de ciberdelitos y la de agentes extranjeros «agravan la crisis» de derechos humanos en Nicaragua «e institucionalizan el cierre de los espacios cívicos que ya se venían denunciando» desde abril de 2018 cuando estallaron unas protestas por unas impopulares reformas a la seguridad social y que fueron silenciadas a la fuerza por el Ejecutivo que preside el sandinista Daniel Ortega.