La ONU pide al Gobierno de España que restablezca la luz en la Cañada

Varios expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas han denunciado que la falta de suministro eléctrico en la Cañada Real «no solo viola el derecho de la infancia a una vivienda adecuada, sino que supone un impacto muy grave en sus derechos a la salud, a la alimentación, al agua, al saneamiento y a la educación».

A la lógica oscuridad a la que aboca la falta de luz, lo que provoca que los niños no puedan hacer sus tareas escolares o conectarse a internet para asistir a las clases online, los relatores especiales de la ONU han señalado que «sin electricidad, no hay calefacción ni agua caliente en las casas, lo que significa que los niños y niñas no pueden ducharse ni lavarse adecuadamente». Algo que es «especialmente preocupante» durante la pandemia de COVID-19, «cuando la higiene es más importante que nunca».

Bebé ingresado

Los expertos también han recordado que esta situación, que se extiende desde el 2 de octubre, sumada a las bajas temperaturas que está registrando la capital de España, ya ha provocado la admisión hospitalaria de al menos un bebé con signos de hipotermia, como denunció este lunes el Defensor del Pueblo en un informe realizado después de visitar el poblado.

No es la única afección sanitaria para los cerca de 1.800 niños que viven en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real, donde residen un total de 4.500 personas. Según denuncian, los niños y niñas que usan sillas eléctricas no pueden recargar las baterías; los que sufren diabetes no pueden mantener la insulina a la temperatura adecuada; los menores con autismo tienen problemas para adaptarse a la falta de luz, y una niña que utiliza un equipo de oxigenoterapia durante 15 o 16 horas al día no puede usarlo.

Por todo ello, los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas han pedido al Gobierno de España, con cuyos miembros han mantenido varios contactos, que restablezca de inmediato la electricidad a los hogares afectados. De lo contrario, «ahora que se acerca el invierno», «peligra gravemente su salud».

Estigmatizar a la población

Los relatores especiales también han afeado, sin citarlo, al Gobierno de la Comunidad de Madrid por culpar de los cortes de electricidad a las plantaciones ilegales de marihuana, insinuando que los residentes del asentamiento son unos delincuentes. «Pedimos a las autoridades que dejen de estigmatizar a las personas inmigrantes, a los miembros de la minoría romaní y a las personas que viven en la pobreza», han señalado. Asimismo, han pedido el apoyo urgente del Gobierno «para lograr unas condiciones de vida adecuadas, y no ataques verbales que provoquen la hostilidad pública».

A pesar de las denuncias de la ONU, sin embargo, el problema de los cortes de luz deriva de una «sobrecarga altísima» en el consumo. «Así lo han manifestado las administraciones a tenor de las informaciones remitidas por la compañía eléctrica». A su vez, «la Policía señala la proliferación de plantaciones de marihuana en este terreno, que son los que causan esta demanda exagerada», explicaba recientemente el párroco de la Cañada Real, Agustín Rodríguez, a este semanario. A partir de ahí, el fin de esta situación «pasa porque la Policía haga su trabajo. Si lo hiciese, habría más posibilidad de que el consumo se normalizara». Nos consta que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado «están elaborando un ambicioso plan de intervención», concluye Agustín Rodríguez, «pero mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Cómo ponemos fin a los dos meses sin luz de estas familias?».

Realojo de familias con niños

A la denuncia de la ONU, se suma la de Save the Children, que se ha puesto en contacto con la Comunidad de Madrid para transmitirle su preocupación por la grave situación en la que se encuentran los menores del sector 5 y 6 de la Cañada Real y para pedirle que actúe de manera urgente para proteger y garantizar el bienestar y los derechos fundamentales de la infancia que se encuentra en ese territorio.

En este sentido, la ONG considera esencial que se priorice el realojamiento de las familias que tienen niños y niñas a cargo, en línea con lo pactado en 2018, y, que hasta que esto sea posible, se reestablezca el suministro de energía eléctrica en la zona para garantizar la protección de la infancia que está viendo vulnerados sus derechos.

Escrito ante la Fiscalía

Por su parte, Cáritas Diocesana de Madrid ha presentado un escrito ante la Fiscalía General del Estado en el que pide que visite los sectores V y VI de la Cañada Real y, tras verificar las duras condiciones en las que se encuentran, solicite a las autoridades competentes que emprendan «las actuaciones de emergencia» con «el máximo de recursos disponibles» a fin de reconducir la situación.

Esta petición viene acompañada por un comunicado en el que la entidad, junto con la parroquia Santo Domingo de la Calzada –ambas realidades muy comprometidas en la atención de los más vulnerables de esta zona de Madrid–, instan a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento y a la Delegación del Gobierno a que afronten «la grave situación generada por los cortes de luz en la Cañada Real Galiana».

Asimismo, solicitan al trío de administraciones que «trabajen conjuntamente y aúnen todos sus esfuerzos» para «restablecer el suministro de luz» y les alientan a fijar «una hoja de ruta para acelerar los realojos de las familias», tal y como está comprometido en el Pacto Regional, y a establecer «un plan de emergencia que dé una respuesta rápida hasta que finalicen los cortes de luz a las diferentes situaciones de necesidad de las familias».