La izquierda utiliza los presupuestos para acosar a la Iglesia Católica - Alfa y Omega

La izquierda utiliza los presupuestos para acosar a la Iglesia Católica

Desde retirar parte de la financiación a Cáritas, centros asistenciales y cofradías, a suprimir el convenio con la Clínica Universidad de Navarra

ABC
Foto: EFE / Jesús Diges.

La izquierda radical ha irrumpido con fuerza en ayuntamientos y gobiernos autonómicos. Desde el primer momento está imponiendo, en algunos casos, e intentándolo, en otros, su sello ideológico en determinadas decisiones que afectan a instituciones gestionadas por la Iglesia Católica. El instrumento que está utilizando para atacar a la Iglesia son los presupuestos para este año, recortando o congelando la financiación.

Del punto de mira de los gobiernos de Podemos, PSOE o Bildu tampoco escapan organizaciones como Cáritas o Cruz Roja. Estos son algunos casos muy significativos del acoso de la izquierda a la Iglesia, informan Paloma Cervilla y Laura Daniele.

Cataluña: a vueltas con el padrenuestro y la misma de la Mercè

Àlex Gubern informa de que en Barcelona, una de las primeras medidas que adoptó el Ayuntamiento presido por Ada Colau fue la de eliminar la misa de la Mercè, dedicada a la patrona de Barcelona, dentro del programa oficial de fiestas. A la vez que eliminada como convocatoria oficial, tampoco ningún concejal del equipo de gobierno acudió a la celebración religiosa.

El gesto adoptado a propósito de las fiestas de la Mercè sería el preludio de la polémica que surgió hace pocas semanas en lo que se ha conocido como «padrenuestro blasfemo». Sucedió durante la entrega de los Premios Ciudad de Barcelona, donde uno de los galardonados, la poetisa Dolors Miquel, leyó un poema en el que mezclaba el Padrenuestro con elementos de contenido sexual: «Madre nuestra que estás en celo, sea santificado vuestro coño…». A la vez que el representante del PP Alberto Fernández abandonaba la entrega de premios, la lectura del «poema» generó una amplia reacción de rechazo, incluida una concentración en plaza Sant Jaume exigiendo a Colau respeto a las creencias religiosas. La alcaldesa respondió apelando a la libertad de expresión.

De igual forma, un festival de música, Barnasants, se ha promocionado a través de soportes publicitarios municipales bajo el lema «Las únicas Iglesias que iluminan son las que pagan el recibo de la luz», una reformulación de la frase del anarquista ruso Kropotkin: «La única iglesia que ilumina es la que arde».

Cierto revuelo ha causado también la prohibición de distintos ayuntamientos catalanes (Sant Pere de Ribes, Palafolls…) a la participación de una hermandad de Legión en las procesiones de Semana Santa.

Colocan la Mezquita de Córdoba en el centro de la polémica

Rafael Ruiz informa desde Córdoba de que la Mezquita-Catedral de la ciudad, un templo católico desde el siglo XIII, ha estado en el centro de una larga polémica entre partidos de izquierda (con todos los matices de intensidad) y la Iglesia Católica. Producto de haber recibido el monumento por Fernando III y de siglos de gestión pacífica y continuada, la Iglesia registró hace ahora diez años el templo como propiedad de la diócesis. Al principio, el asunto quedó circunscrito a protestas muy puntuales hasta que la política tomó cartas en el asunto.

PSOE, IU y Podemos han realizado distintos pronunciamientos en el sentido de reclamar una titularidad pública que nunca, históricamente, se ejerció en contra de lo ocurrido en otros monumentos como la Alhambra. Tanto es así que constan convenios firmados por administraciones gobernadas por socialistas e IU que reconocen explícitamente al Cabildo Catedral como propietario de la Mezquita-Catedral. Estas organizaciones ponen en duda la capacidad (tras años de hacerlo) de que la Iglesia cobre entradas por ver uno de los templos más visitados de España, reclaman una cogestión en aspectos no religiosos y han llegado a acusar al Obispado de robar lo que, en puridad, se le entregó hace siglos.

Hasta ahora, IU y Podemos ha representado la parte dura del debate, el poli malo, mientras que el PSOE ha jugado según sus intereses. Cuando Susana Díaz gobernó con la coalición de izquierdas la Junta de Andalucía, optó por dar alas al debate.

Tras el pacto con Ciudadanos y la entrada de la exalcaldesa Rosa Aguilar en su equipo, ha moderado mucho sus pretensiones.

No es la única polémica religiosa que tiene lugar en Córdoba, gobernada en minoría por socialistas e IU con el apoyo de Ganemos, una marca blanca de Podemos. El acuerdo de investidura de Isabel Ambrosio, alcaldesa desde el mes de junio, recoge expresamente acciones laicas que han puesto de uñas a la relevante comunidad cofrade de la capital. La primera medida del gobierno fue, simbólicamente, retirar un crucifijo del despacho de la Alcaldía, expuesto desde la época de Anguita por su alto valor artístico e histórico. El segundo, el intento de quitar un cuadro de San Rafael obra del pintor barroco Antonio del Castillo. La puntilla, retirar la presencia pública de todos los actos religiosos, desde las masivas procesiones hasta las bendiciones de mascotas en el zoológico por San Antón. La última, cobrar una tasa a las procesiones «chiquitas», desfiles que se organizan en los colegios de la ciudad simulando las estaciones de penitencia. La tasa por presencia policial puede llegar a ser de unos 700 euros.

País Vasco: Bildu contra los bienes de la Iglesia

Pablo Pazos informa de que en el País Vasco Bildu ha emprendido una campaña contra la Iglesia Católica centrada en los bienes inmatriculados. En el Parlamento registró una proposición no de ley que contempla que su posesión quede derogada y de dichos bienes, los comprendidos desde 1978 hasta 2015, sean devueltos. En paralelo, en el Ayuntamiento de Vitoria impulsó una moción para recabar toda la información existente, en este caso, hasta 1946. En el caso de la provincia de Álava, reclamó a la Diócesis de Vitoria que devolviera un total de 69 bienes inmatriculados.

Por otra parte, el PSE anunció el pasado mes de febrero que propondrá elaborar un código de actuación que «garantice el carácter laico de la institución municipal y de sus acciones», por lo que propuso analizar cuestiones como «las exenciones de impuestos municipales, las inmatriculaciones y la asistencia a actos de confesiones religiosas».

Comunidad Valenciana: 400.000 euros menos de ayudas directas a Cruz Roja y Cáritas

En el caso de la Comunidad Valenciana (Gobierno que pretende servir de ejemplo en el pacto nacional de PSOE y Podemos), la Generalitat decidió eliminar las ayudas directas a entidades sociales como Cáritas y Cruz Roja. La decisión estuvo justificada por su vicepresidenta, Mónica Oltra, en que pretendían evitar el «clientelismo» que el PP practicó con estas cuentas, en las que «si estabas en la onda, tenías líneas; si no, no», informa Rosana Belenguer.

En total, se eliminaron de la partida de subvenciones nominativas en el presente presupuesto de 2016 los 100.000 euros que recibió Cruz Roja el pasado año, los 200.000 de Cáritas y los 300.000 de Casa Caridad.

Lo mismo sucedió en el Ayuntamiento de Valencia dirigido por Joan Ribó, desde donde se expuso que la intención era realizar un «mayor control» de estas ayudas municipales, las cuales «se mantendrán, pero se distribuirán de otro modo». Cruz Roja ha dejado de percibir, según consta en los presupuestos de este año en comparación con los anteriores, 194.000 euros y Cáritas 21.736. También se han suprimido otras partidas dirigidas a entidades de confesionalidad católica como el albergue San Juan de Dios, que atiende a personas sin hogar en la ciudad y cuenta con 142.000 euros menos. Entre Consell y Consistorio, Cruz Roja dejará de recibir 294.000 euros y Cáritas 200.000.

Es decir, tanto el Gobierno autonómico como el local consideraban que no se hacía un buen uso de estas subvenciones y ambos pretenden asumir la gestión de las situaciones de necesidad de forma directa. De hecho, indican que las ayudas sociales se han duplicado.

En el caso de las universidades privadas como la Cardenal Herrera CEU o la Católica de Valencia (UCV), la conselleria de Educación está aplicando un veto que afecta a unos 3.000 estudiantes de grado. Por una parte, la Conselleria de Educación ha decidido excluir a los alumnos de las becas concedidas de la Generalitat; y la de Sanidad pretende «priorizar» a los de la universidad pública en las prácticas en hospitales dependientes del Ejecutivo autonómico y cobrar una tasa a la universidad por el acceso a esta formación. Por otra, la Diputación de Valencia no prorrogará este año los convenios con ambos centros para que sus estudiantes hagan prácticas remuneradas de 500 euros al mes en ayuntamientos de la provincia durante el verano.

Navarra, un litigio hasta por el nombre de San Fermín

Pablo Ojer informa que el Gobierno de Navarra (Geroa Bai-Bildu-Podemos-Izquierda Unida), no ha renovado el convenio del Servicio de Salud de Navarra con los trabajadores de la Universidad. En virtud de ese convenio, los 7.200 empleados del centro universitario que gestiona el Opus Dei eran atendidos en la Clínica Universitaria, con un coste para el Gobierno foral de 5,1 millones de euros (719 euros por persona y año). Al finalizar este convenio, estos trabajadores pasarán a ser atendidos por el Servicio Navarro de Salud, con un coste para el contribuyente de 1.200 euros por persona y año. Además del coste económico se producirá otro coste social, ya que la Clínica Universitaria puede verse obligada a despedir hasta 200 trabajadores. La izquierda ha jaleado esta medida, como así lo escribió el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez en un tuit: «Hemos tocado el hueso del Opus y de la Navarra católica, foral y española». Aranzadi, la marca de Podemos, intentó arremeter contra las Fiestas de San Fermín, proponiendo el cambio de denominación por «Fiestas de la Ciudad»; que la procesión de San Fermín pase a denominarse Desfile del Día Grande y la procesión de San Saturnino, Desfile de Iruña-Pamplona, pero no lo consiguió.

Baleares: el Gobierno balear de PSOE y Podemos propone derogar la ley de protección a la maternidad

Laura Daniele informa de que en Baleares la ley de protección a la maternidad que aprobó el anterior Gobierno balear de José Ramón Bauzá la pasada legislatura tiene los días contados. La Cámara autonómica tiene previsto debatir este martes un proyecto de ley del actual Govern -compuesto por PSOE, la coalición econacionalista MÉS y Podemos- que pretende derogar dicha norma, que contempla una serie de medidas de apoyo a las mujeres embarazadas en riesgo de exclusión social.

La exsenadora del PP y portavoz de la asociación Familia y Dignidad Humana, Gari Durán, explicó este lunes a ABC que la derogación de esta norma, que entró en vigor en septiembre de 2014, «se debe a motivos estrictamente ideológicos y sin ningún consenso».

Para Durán, se trata de una «burla cruel» para la dignidad de las mujeres, que sea precisamente el día dedicado a ellas, el elegido por los partidos de izquierda para derogar una ley en la que, por ejemplo, se exige a las administraciones públicas que adopten las medidas adecuadas para combatir el acoso laboral maternal y que «ninguna mujer embarazada sea objeto de perjuicio o discriminación laboral, por motivo de su embarazo o su maternidad, tanto en su ocupación actual como en la solicitud de nueva ocupación».

La exsenadora popular lamenta que la actual consejera de Servicios Sociales y Cooperación del Govern balear, Fina Santiago, impulsora de este proyecto de ley, considere que «dar a conocer a una mujer embarazada, en situación de dificultad, los recursos de los que dispone para llevar adelante su embarazo, suponga poco menos que obligarla a ser madre». «Se confunde el derecho a elegir con el derecho a elegir solo el aborto», afirma Durán.

El PSIB-PSOE y Podemos han coincidido este lunes en defender la derogación de la ley de protección a la maternidad, al considerar que la norma aprobada por el PP era un «intento gratuito del bauzarismo del Partido Popular de dificultar el derecho al aborto», según afirmó la portavoz parlamentaria de Podemos, Laura Camargo.

El portavoz del Foro Español de la Familia de Baleares, Agustín Buade,manifestó este lunes su rechazo a la iniciativa, al recordar que la protección de la maternidad, «no es una cuestión ideológica sino una necesidad para la sociedad». «Nos encontramos ante un nuevo fiasco con el abandono más absoluto de las mujeres que van a ser madres», señaló.

Galicia: recorte de las Mareas a las cofradías

Darío Domínguez informa de que a pesar de que todavía no ha sido capaz de aprobar su presupuesto por encontrarse en minoría, el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, como había hecho también el de Ferrol, Jorge Suárez, al inicio de su mandato advirtió de que retiraría las ayudas públicas a las asociaciones de la Semana Santa compostelana. En los primeros borradores de las cuentas municipales, Noriega avanzaba que se suprimían las partidas de 3.800 euros y 2.500 que habían recibido en 2015 la Junta de Cofradías y la Cofradía de la Veracruz respectivamente.

Pero no ha sido esta festividad la única que ha sufrido el criterio ideológico de los populistas santiagueses por la vía del gasto, sino que también refrendan la rescisión de sus convenios con dos asociaciones -RedMadre y Centinelas- por su carácter provida alegando «discrepancias religiosas» con ellas.

Castilla-La Mancha: peligra el futuro de los centros de educación especial

Paloma Cervilla informa de que la decisión del Gobierno del socialista Emiliano García-Page, con el apoyo de Podemos, de congelar el presupuesto para la educación concertada en 2016 e ir reduciéndolo en el futuro, puede poner en peligro el futuro de otros centros de educación especial. El PP ha advertido de que estos recortes podrían afectar, por ejemplo, al Centro de Educación Especial Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina para personas con discapacidad intelectual y el de Nuestra Señora del Prado, de la misma ciudad, gestionado por los hermanos maristas. No es ésta la única amenaza para la Iglesia Católica, ya que quieren dejar de pagar los servicios religiosos en la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales.

Paloma Cervilla y Laura Daniele / ABC