La «generación perdida» de los niños secuestrados por Boko Haram

Primero los islamistas de Boko Haram los raptaron de sus hogares para convertirlos en combatientes a ellos o en criadas y esclavas sexuales a ellas. Así pasaron semanas, meses o años, hasta que llegó la liberación o lograron huir. Pero no siempre terminó la pesadilla, pues muchos de estos menores pasaron a centros de educación más parecidos a cárceles.

Amnistía Internacional ha alertado de ello en el informe «Se nos secaron las lágrimas». Abordando el peaje en los niños del conflicto en el noreste de Nigeria. Pero no se trata solo de ellos. Toda una generación de niños ha crecido en la última década en los estados de Borno y Adawama, en el noreste de Nigeria, rodeados por las atrocidades cometidas por el grupo terrorista Boko Haram y las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el Ejército nigeriano en represalia.

«La última década de enconado conflicto entre el ejército de Nigeria y Boko Haram ha supuesto un ataque contra la infancia en sí misma en el noreste del país». Y a menos que se actúe de forma urgente para proteger a estos niños y ofrecerles una educación, Amnistía Internacional alerta del riesgo de que se conviertan en una auténtica «generación perdida», sostiene la directora en funciones de respuesta a las crisis de Amnistía, Joanne Mariner.

Secuestros y matrimonios forzados

En su década de actividad, Boko Haram —a la que desde 2016 se suma su escisión Estado Islámico en África Occidental (ISWA)— ha cometido ataques a escuelas, secuestros generalizados, reclutamiento y uso de niños soldados y matrimonios forzados de niñas y mujeres con sus combatientes, hechos todos que, según recuerda Amnistía, constituyen delitos de Derecho Internacional.

En las zonas bajo control de los yihadistas, los menores han sido sometidos a tortura, incluidas flagelaciones, además de ser obligados a presenciar ejecuciones públicas y otros castigos brutales. Muchas de las niñas obligadas a casarse han tenido hijos durante su cautiverio y una vez rescatadas o tras escapar apenas han recibido ayuda para poder volver a la escuela, ganarse la vida o acceder a apoyo psicosocial.

Una de ellas, de 17 años, ha contado a la ONG su experiencia en el bosque de Sambisa, feudo tradicional de Boko Haram: Su esposo le pegaba, sus «actividades diarias incluían rezar, cocinar cuando había comida y asistir a lecciones del Corán» además de ser testigo entre otras cosas de «lapidaciones y azotes con vara». «Fue una experiencia horrible», asegura. Ahora, le gustaría poder volver a la escuela, «pero no hay dinero».

También el Ejército

Pero el Ejército nigeriano «también ha tratado de forma terrible a quienes lograban escapar de tal brutalidad», precisa Mariner, que cita entre otros abusos «detenciones ilegales en masa en condiciones inhumanas hasta el uso de palizas y tortura, pasando por permitir abusos sexuales a manos de reclusos adultos». «Resulta increíble que las propias autoridades responsables de proteger a los menores les hayan podido causar tanto daño», lamenta.

Quienes huyen de Boko Haram son sometidos a un examen por el Ejército y la Fuerza Civil Especial Conjunta que en muchos casos «implica torturas hasta que confiesan» su pertenencia al grupo terrorista. Quienes se sospecha que pertenecen o simpatizan con los yihadistas son recluidos durante meses o años «en pésimas condiciones en centros de detención»: hacinamiento, falta de ventilación, calor sofocante, excrementos en el suelo, acceso inadecuado a agua, alimentos y atención sanitaria…

«Hasta hoy, nadie me ha dicho por qué me trajeron aquí, qué había hecho, por qué me detuvieron», señala a la ONG un niño de 14 años, que fue secuestrado por los terroristas y detenido por el Ejército tras escapar. «Me pregunto “¿por qué huí?”».

Sin cargos ni abogado

Estas condiciones extremas de detención «constituyen el crimen de guerra de tortura», subraya Amnistía, que calcula que al menos 10.000 personas, entre ellas muchos menores, han muerto bajo custodia durante el conflicto.

Desde 2015, la ONU ha verificado la liberación de 2.879 menores que estaban bajo custodia militar, según los datos trasladados a Amnistía, que resalta que «es probable que estas cifras sean muy inferiores a las reales» teniendo en cuenta el limitado acceso a los centros de detención militar.

En todo caso, incide la organización, la mayoría de las detenciones son ilegales ya que los menores no son acusados ni procesados por ningún delito y ven negados sus derechos de acceso a asistencia letrada, a comparecer ante un juez o a comunicarse con sus familias. «Las detenciones ilegales generalizadas podrían constituir crímenes de lesa humanidad», previene Amnistía.

El papel de la comunidad internacional

La organización ha documentado abusos incluso en la operación Corredor Seguro, un programa respaldado con millones de dólares por parte de la UE, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros. En virtud del mismo, en 2016 se creó un centro de detención militar en las afueras de Gombe para desradicalizar y rehabilitar a presuntos combatientes o simpatizantes de Boko Haram. Desde entonces, ha habido cerca de 270 graduados.

Aunque las condiciones de reclusión son mejores y se recibe apoyo psicosocial y educación para adultos, la mayoría de quienes pasan por él, incluidos menores, no han sido informados de la base jurídica de su arresto y todavía no tienen acceso a asistencia letrada ni a un tribunal para impugnar su detención. Pese a que les prometieron que su estancia sería de seis meses en algunos casos se prolonga hasta los 19.

Amnistía advierte también de que el programa de formación profesional podría equivaler a trabajos forzados, ya que la mayoría de los detenidos, si no todos, nunca han sido declarados culpables de ningún delito y fabrican todo tipo de artículos, desde zapatos hasta jabones y muebles, sin remuneración. Además, trabajan en condiciones inseguras.

Compromiso con la educación

«Ninguno de los principales donantes de Corredor Seguro autorizarían un sistema de detención prolongada e ilegal para sus ciudadanos. Entonces, ¿por qué lo permiten en Nigeria?», plantea Osai Ojigho, directora de Amnistía Internacional Nigeria.

Incluso si los niños no terminan detenidos tras huir del territorio de Boko Haram, acaban desplazados, luchando por sobrevivir y sin prácticamente acceso a educación. «Un compromiso con la educación infantil y la recuperación psicosocial podría suponer el principio de un nuevo camino para el noreste del país», concluye.

EP / Redacción