La Comisión para la Protección de los Menores del Vaticano aplaude a Proyecto Repara
El informe de la CEE encargado a Cremades & Calvo-Sotelo y la creación del PRIVA también son alabados en el documento en el que el Vaticano aplaude a Proyecto Repara
La Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, el organismo creado por Francisco para combatir los abusos desde el Vaticano aplaude a Proyecto Repara, la iniciativa del Arzobispado de Madrid que ofrece acompañamiento a las víctimas. Repara se cita dentro de la sección de tendencias positivas en Europa de su segundo informe, que se ha publicado este jueves.
El documento subraya que «recientemente, este proyecto se ha ampliado a las diócesis de León y Teruel». Señala que «su objetivo principal es acompañar y asesorar a las víctimas / sobrevivientes, al tiempo que sensibiliza a la Iglesia y a la sociedad sobre la necesidad de condenar y erradicar las prácticas abusivas».
Recoge asimismo el dato de que Repara ha asistido a más de 400 personas, que sufrieron abusos sexuales tanto dentro como fuera de la Iglesia, y también «abusos de poder, conciencia y espiritualidad en contextos eclesiásticos». Y celebra que Repara haga «hincapié en aprender de las experiencias de las víctimas / sobrevivientes para comprender mejor la compleja realidad de los abusos y dar respuestas adecuadas».

Informe de la CEE
En el mismo párrafo en el que el Vaticano aplaude a Proyecto Repara, el análisis de la comisión señala que el informe sobre abusos comisionado en su día por la Conferencia Episcopal de España (CEE) «representa un esfuerzo significativo de transparencia y reparación institucional». Dicha auditoria, preparada por el despacho Cremades & Calvo-Sotelo, recogió un total de 1.383 denuncias y un mínimo de 2.056 víctimas, aunque no ofreció una cifra de abusadores.
«España ha establecido un marco de colaboración entre la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) para apoyar a las víctimas e implementar políticas sistemáticas de salvaguardia», escribe el informe de la comisión. Esto incluye «una red de oficinas de protección y enfoques integrales para abordar y reparar los abusos del pasado».
Asimismo destaca que en noviembre de 2023, la Conferencia Episcopal Española anunció que indemnizaría a las víctimas de abusos sexuales, incluso en los casos en los cuales el perpetrador haya fallecido o el delito haya prescrito. Se refiere al Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (PRIVA). En su primer año de trabajo, la comisión asesora ha recibido 89 solicitudes de reparación integral, de las que ya ha resuelto 39.
Simplificar las destituciones
A nivel global, esta segunda edición del informe exhorta a la Iglesia a que establezca un protocolo simplificado para destituir a implicados en abusos. En este ámbito que «aún hay lagunas en transparencia y responsabilidad jerárquica. Las decisiones de sanción o dimisión por abuso se comunican de forma irregular o no se hacen públicas».
El documento, correspondiente a las actividades de 2024 y que se basa asimismo en varias entrevistas a víctimas, también subraya que la reparación del daño «debe incluir medidas de escucha, apoyo psicológico y espiritual, disculpas públicas y participación de las víctimas en las políticas de prevención», según recoge EFE.
Y añade que «la compensación económica es necesaria pero insuficiente sin un acompañamiento humano y pastoral sostenido». Todo esto «es esencial para restaurar la credibilidad moral y pastoral» de la Iglesia católica.

Entre las principales recomendaciones, la comisión propone un vademécum operativo con seis líneas de acción: acogida y cuidado, disculpas públicas y privadas, apoyo terapéutico, ayuda económica, reformas disciplinarias e iniciativas comunitarias de salvaguardia.
También que haya «disculpas de manera pública y privada: publicar declaraciones oficiales de la Iglesia que reconozcan el daño causado y que asuman la responsabilidad por parte de toda la Iglesia». Por último «es importante estudiar la adopción de un protocolo de comunicaciones que contenga normas mínimas para la difusión de información sobre casos de abuso de manera pública y privada».