La enseñanza concertada no es cuestión de costes, sino de derechos. Que la enseñanza concertada siga siendo más barata para las arcas del Estado que la pública es una injusticia que atenta contra la libertad de elección de los padres y supone una clara discriminación que afecta a las familias y a los alumnos que apuestan por los centros de este tipo, a los profesionales que desarrollan su carrera en ellos y a los titulares de los mismos, que deben hacerlos viables. Sin olvidar que, además, pone de manifiesto el incumplimiento de las obligaciones legales que tienen las Administraciones públicas de garantizar los derechos de los ciudadanos.