La Custodia de Tierra Santa ve con buenos ojos la propuesta de Israel de regularizar a miles de palestinos

La decisión de Israel de regularizar a 4.000 palestinos en Cisjordania el pasado otoño tendrá una continuación, dentro de una política de acercamiento entre Tel Aviv y Ramala. En una reunión celebrada el 29 de diciembre en casa del ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbás, se acordó que Israel concedería un estatus legal a otros 9.500 palestinos y extranjeros indocumentados.

Fue en otro encuentro entre ambos, en agosto, donde se anunció la primera regularización, que se ejecutó el 19 de octubre. Afectaba a 1.200 palestinos sin documentación y a 2.800 que se habían desplazado desde Gaza a Cisjordania en 2007 (cuando llegó al Gobierno de la franja Hamás).

Aunque la Autoridad Nacional Palestina puede registrar los nacimientos y entregar documentos de identificación a quienes nacen en Cisjordania, los que llegan de cualquier otra forma necesitan la autorización de Israel para constar como residentes. Por ejemplo, quienes se casan con un palestino o sus hijos, si han nacido fuera. También personas que por las razones que fuera no fueron inscritas antes de cumplir los 16 años, o quienes se mudaron al extranjero antes de la firma de los Acuerdos de Oslo y perdieron su estatus de residentes. Israel no autorizaba estas inscripciones desde 2009.

Sin libertad de movimiento

Manuel Lama, franciscano de la Custodia de Tierra Santa en Beit Sahour, subraya que de entrada estas regularizaciones parecen «estupendas». Antes de octubre, los 1.200 palestinos indocumentados «no tenían libertad de movimiento ni de nada». Los 2.800 que aún constaban como residentes en Gaza, por este motivo, no podían acceder a los permisos de trabajo en Israel que se concede a los palestinos de Cisjordania. «Hace un par de meses, por ejemplo, se aprobaron 16.000 para la construcción».

Con todo, el franciscano alerta de que no es oro todo lo que reluce. El COGAT, el organismo militar que gestiona las cuestiones relacionadas con los territorios ocupados, «revisa con lupa cada solicitud». Si alguien tiene «una relación con Hamás, sea cercana o remota, van a denegar su solicitud. Pero ya tienen sus datos».;

Algunos partidos de la oposición y entidades de defensa de los derechos humanos han criticado además lo insuficiente de la medida. Se estima que, en total, hay unos 30.000 palestinos sin la documentación en regla para vivir dentro de su propio territorio. A veces, desde hace décadas. Y esta situación se ha generado por la propia negativa de Israel a autorizar los registros.

Fortalecer la relación con Al Fatah

Lama también aclara la intención del Israel. «Ellos subrayan que este gesto está dentro de una serie de acuerdos y gestos humanitarios», como un préstamo de 140,4 millones de euros acordado también en agosto, algunos permisos más para que los palestinos en Cisjordania puedan construir sus casas y también más autorizaciones para trabajar en Israel. En realidad, está convencido de que se trata más bien de un intento «debilitar a Hamás», que controla Gaza, fortaleciendo la relación con el Gobierno de Cisjordania, liderado por Al Fatah.

Sin embargo, a pesar de estos gestos, «muchos palestinos siguen optando por Hamás». Incluso en su zona, con una presencia cristiana significativa. «Son ya dos generaciones que han crecido en el odio a Israel, y es muy difícil encontrar una solución que lleve a buscar de verdad la paz y el bien entre ellos».

Otra parte del problema, añade, es que «partimos de sueños imposibles. Palestina quiere que desaparezca el Estado de Israel, algo que es imposible, porque además es la única democracia de la zona». Por otra parte, «el sueño de Israel es que desaparezca Palestina». Aunque, en este caso, «de hecho lo está haciendo, ocupando sus territorios».