Escuelas Católicas de Madrid tilda de «radical» la medida de Ayuso de prohibir las pantallas en los colegios

Escuelas Católicas de Madrid ha salido al paso del anuncio de la Comunidad de Madrid, que ha informado de su intención de prohibir el uso individual de pantallas en las etapas de Infantil y Primaria. A este respecto ECM ha denunciado la «ausencia de diálogo» ante una medida que consideran «radical» y que «afecta a la autonomía educativa y pedagógica de los colegios y a la libertad de elección de las familias».

La intervención de la comunidad autónoma se hará efectiva a partir del próximo curso a pesar de que esta «medida taxativa» se «contradice», según Escuelas Católicas de Madrid, «con los principios de libertad, pluralidad y calidad de enseñanza postulados» por la propia «Comunidad de Madrid». Y no solo eso, la nueva norma preocupa «enormemente» a los 340 centros que conforman la red de ECM «al ver vulnerado su derecho a desarrollar un proyecto educativo propio y, sobre todo, elegido libremente por las familias».

A pesar del contundente comunicado, desde ECM admiten que «el uso de dispositivos digitales admita un debate profundo», pero este «en ningún caso podemos hacerlo obviando el derecho de los titulares a establecer los proyectos educativos de sus centros, e imponiendo los enfoques y herramientas de su acción educativa».

Tal y como recuerda la entidad educativa, el art. 121 de la LOE establece que el proyecto educativo del centro es competencia de su titularidad y, por tanto, que la acción educativa, y con ella la orientación pedagógica, las metodologías implantadas, los recursos didácticos y, en su caso, la digitalización, forman parte de este proyecto educativo. Desde Escuelas Católicas de Madrid también subrayan el artículo 111 de la LOMLOE, que indica lo siguiente: las titularidades de los centros están obligadas legalmente a implementar estos procesos de digitalización.

Por último, desde ECM reiteran la «autonomía de los centros» que dicen defender «y el trabajo emprendido durante muchos años en sintonía con una sociedad digital, para la cual tenemos la obligación de alfabetizar a nuestros alumnos». Al final del comunicado, la entidad se ha puesto a disposición de la administración y del resto de agentes sociales para reflexionar sobre este asunto, «de modo que la normativa resultante sea coherente con el entorno y respetuosa con el proyecto educativo, siempre en pro de una educación de calidad, plural y libre».