El Tribunal del Vaticano

Tradicionalmente, los tribunales de referencia del Vaticano eran los apostólicos, competentes en asuntos religiosos y administrativos: la Penitenciaría Apostólica, el Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica y el Tribunal de la Rota Romana. El Tribunal del Vaticano, competente en asuntos civiles y penales, vivía en el anonimato porque la Curia evitaba denunciar los delincuentes a la Fiscalía, y desdeñaba la Gendarmería Vaticana. Ante un delito, eran siempre dos o tres cardenales los que decidían discretamente el castigo.

En 2012, la masiva filtración a la prensa de documentos confidenciales de Benedicto XVI —con el arresto, juicio y condena de su mayordomo— trajo a primer plano un tribunal compuesto por jueces, fiscales y abogados defensores laicos. El Tribunal del Vaticano volvió a la notoriedad en 2015 por el arresto, juicio y condena de un sacerdote español que —junto con una italiana experta en relaciones públicas— había filtrado docenas de auditorías económicas encargadas por Francisco para poner orden en el caos financiero de la Santa Sede.

El Tribunal llegó a su madurez en octubre de 2019 con la orden de registro de varias oficinas de la Secretaría de Estado, algo así como si la Policía irrumpe con una orden del juez en la sede de la presidencia del Gobierno de un país para llevarse documentos, ordenadores, tabletas y teléfonos móviles de cuatro personas de confianza del mandatario.

El presunto delito, ahora ya evidente, eran las desastrosas inversiones de fondos reservados de la Secretaría de Estado, controlados por el entonces número dos —Becciu, posteriormente cardenal prefecto de Causas de los Santos—, en edificios de lujo en Londres, que enriquecían a intermediarios amigos.

Entretanto, ha saltado a la luz otro caso potencialmente feo. La misteriosa intermediaria Cecilia Marogna, en libertad vigilada tras su arresto en Milán a raíz de una orden de captura internacional del Tribunal del Vaticano, puede ser extraditada y juzgada por un delito de apropiación de fondos destinados al pago de rescate de misioneros secuestrados.

Los fiscales del Vaticano indagan la posible negligencia de Becciu.