El retroceso de la nueva ley para empleadas del hogar

Lo que comenzó como un avance legal en los derechos de las empleadas del hogar se ha terminado convirtiendo «en un retroceso». Así lo afirma doña Graciela Gallego, presidenta de SEDOAC (Servicio Doméstico Activo), quien reconoce que «el resultado no ha sido el esperado: a muchas trabajadoras se les ha bajado el salario, reducido la jornada laboral… e, incluso, despedido».

Es el caso, por ejemplo, de Liliana, uno de los perfiles más perjudicados con la entrada del nuevo régimen. Esta mujer venezolana lleva en España 8 años, y 6 como trabajadora doméstica por horas en varias casas, lo que se conoce como la modalidad de trabajo discontinuo. Liliana se daba de alta a sí misma en la Seguridad Social, lo que la permitía cotizar, tener sus papeles en regla y labrarse un presente y un futuro. Tras la entrada en vigor de la nueva medida, en enero, sus tres jefes decidieron prescindir de sus servicios «porque era una complicación», recuerda Liliana. Una complicación que la ha dejado sin trabajo, sin Seguridad Social, sin cotizar y, a medio plazo, sin papeles.

No es el caso de Doris. Rodrigo y Ana han perseverado con su trabajadora: «Nosotros estamos felices con Doris en casa —que sólo va dos horas a la semana para ayudar con la plancha— y, aunque ha sido complicado, hemos luchado por poder ayudarla».

Pérdida de la tarjeta sanitaria

Son las mujeres inmigrantes las que salen perdiendo, más que nadie, en todo este tejemaneje. Al dejar de cotizar, pierden automáticamente su permiso de residencia, y, por tanto, sus prestaciones sociales —siendo una de las más importantes la tarjeta sanitaria—. Doña Alejandra Villaseñor, asesora jurídica en materia de extranjería, reconoce que ha atendido «infinidad de casos» como el de Liliana; o como el de Tatika, a la que su empleador ha reducido drásticamente el salario para hacer frente así a los costes de la Seguridad Social —y con el despido como alternativa, si no acepta la rebaja—.

Villaseñor califica la medida de «abusiva» y «trampa, porque ha restado autonomía a las trabajadoras». Y alerta: «En breve, surgirán empresas que serán quienes gestionen la Seguridad Social de estas mujeres. Al final, siempre saldrán perdiendo ellas, porque si tú pagas 10, a ellas les darán 5, mientras que ahora tú pagabas 10 y ellas se quedan con 8».

A la espera de una solución

La farragosa medida, aprobada ya durante el Gobierno Zapatero, no ha cumplido sus expectativas. Sus dos objetivos principales eran mejorar la situación de las empleadas del hogar, y hacer aflorar el trabajo doméstico sumergido, pero los datos hablan por sí solos: ya ha finalizado el plazo para regular la situación y son 213.797 mujeres las que se han dado de alta en el nuevo régimen; menos que las 296.950 que ya estaban apuntadas al antiguo régimen, de diciembre de 2011. Es decir, que no sólo no han emergido «las que trabajan en negro», sino que hay más de 80.000 mujeres que estaban dadas de alta en la Seguridad Social, que ahora no cotizan por realizar el mismo trabajo. O directamente no lo realizan.

Para don Tomás Burgos, secretario de estado de la Seguridad Social, «no se puede hablar de fracaso, porque hay objetivos que se han cubierto, como la dignificación de la labor de los empleados de hogar, o que se haya incrementado su protección». Pero se rinde ante la evidencia de los datos, y ha reconocido que se realizará un informe para presentarlo en el Congreso, cara a la posibilidad de mejorar el sistema de afiliación y simplificar los trámites.

De momento, toca esperar. Mientras, las Asociaciones de Trabajadoras del Hogar luchan por dar a conocer los efectos negativos de una medida que, según Villaseñor, «se veía venir, desde que salió publicada, que iba a ser un error». Por ejemplo, SEDOAC ha presentado a la ministra de Empleo, doña Fátima Bañez, una petición de prórroga para «mejorar la información de cara a los empleadores, ya que muchos han desistido, porque los impresos eran prácticamente imposibles de rellenar sin ayuda, o porque no saben que, realmente, el coste económico no es más que, aproximadamente, 20 euros al mes».