El Papa recibió, el sábado, a 47 parlamentarios franceses de distintos partidos. Su discurso tuvo un tono muy diplomático, pero el fondo quedó claro, a las pocas semanas de la definitiva legalización del matrimonio homosexual, y cuando el presidente Hollande quiere abrir el debate sobre el suicidio asistido. «Como representantes electos de una nación, a la que se suelen dirigir los ojos del mundo», Francisco recordó a los parlamentarios su gran responsabilidad, en su tarea de «proponer leyes, enmendarlas o abrogarlas». En todo caso, el Pontífice dejó claro que es voluntad de la Iglesia mantener puentes de diálogo y «colaborar con los responsables de la vida pública, por el bien de la persona y de la sociedad». Añadió: «El principio de laicidad que rige las relaciones entre el Estado francés y las diferentes religiones no debe significar de por sí una hostilidad a la realidad religiosa o la exclusión de la religión de la esfera social y los debates que la animan». La Iglesia «desea aportar su contribución específica en temas» referidos no sólo a cuestiones de tipo «antropológico o social, sino también en los ámbitos político, económico y cultural».
El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal Francesa afirmó, el pasado jueves, en un comunicado, que la lucha por el matrimonio «no ha sido en vano». Los obispos valoran especialmente la nutrida presencia en las protestas de jóvenes, que han mostrado públicamente «su compromiso», movilizándose con «determinación», pero también con «calma y respeto a las instituciones». Tratar de «equiparar o reducir su protesta a fines partidistas o de reducirla a extremismos violentos es inadmisible», denuncian, en alusión a algunos comentarios en la prensa, especialmente tras el asesinato de un joven militante de izquierda.