Cáritas aplaude el Ingreso Mínimo Vital aunque ve «una grave omisión» dejar fuera a los migrantes sin papeles

Cáritas Española ha emitido este martes una nota en la que aplaude la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, «un paso decisivo —afirma— en la lucha contra la pobreza severa, que nos dignifica como país al reforzar nuestros sistemas de garantías sociales para las personas excluidas y nos acerca a la media europea en materia de ingreso mínimos».

Tras afirmar que era una medida que la propia entidad eclesial venía demandando desde hace años —también incluida en las ocho propuestas políticas ante las últimas elecciones legislativas— reconoce que va a suponer el alivio para «las extremas condiciones de vida de cientos de miles de hogares españoles —muchos de ellos acompañados por Cáritas— que carecen de ingresos y que podrán acceder a partir de ahora a una medida protectora capaz de garantizar sus derechos básicos».

Ve positivo, además, que se haya configurado como derecho subjetivo y que, de facto, constituya un suelo mínimo a nivel estatal, de modo que se limitarán las inequidades. Y añade: «Algo sumamente importante para Cáritas es que este recurso trata de evitar la pobreza severa, dando una especial atención a los hogares con hijos, aunque pierde capacidad protectora en los hogares de las familias más numerosas. Valoramos, además, de forma positiva el reconocimiento que se hace de los procesos de inclusión social, sin que sean una condición imprescindible para poder acceder al ingreso mínimo vital».

En este sentido, recoge algunos de los aspectos que el IMV deja sin resolver:

—El ingreso mínimo vital excluye a las personas en situación administrativa irregular, a pesar de que la propia Ley Orgánica de Extranjería reconoce su derecho a acceder a prestaciones sociales básicas. Cáritas lamenta profundamente esta grave omisión.

—Alertamos también sobre la restricción que detectamos en el acceso a las personas jóvenes. No compartimos que no se pueda acceder al ingreso mínimo a partir de los 18 años, especialmente en el caso de los jóvenes que salen del sistema de protección de menores.

—La limitación a dos unidades de convivencia en un mismo domicilio supone desconocer la realidad de muchas familias que, ante la dificultad en el acceso a la vivienda y como estrategia de supervivencia, tienen que compartirla.

—La vinculación que se establece entre el empleo y la obligación de constar como demandante de empleo supondrá que las personas que, por sus especiales circunstancias, tengan dificultades de inclusión en el mercado laboral no podrán acceder a la prestación.

—Nos preocupa, asimismo, que se queden fuera de esta prestación las personas que estén residiendo de forma permanente en lugares con financiación pública. Sabemos que hay personas en situación de exclusión que participan en proyectos de inclusión en espacios residenciales y que serían claros destinatarios del ingreso mínimo vital.

Además de todo esto, la entidad eclesial pone el acento en una serie de retos de futuros que habrá que tener en cuenta:

—Es esencial que las Comunidades Autónomas mantengan la inversión que actualmente destinan a las prestaciones de garantía de ingresos mínimos autonómicas como prestación económica que pueda complementar el ingreso mínimo vital.

—Es necesario racionalizar el sistema de prestaciones para optimizar su impacto, sin que ello suponga una reducción de los fondos destinados a ellas.

—El coste de la vivienda y la inversión que las familias tienen que dedicar al pago de la misma supera el 50 % de los ingresos en muchos hogares. Para evitar que el importe de la nueva prestación se destine casi únicamente al coste de la vivienda y de los suministros, el ingreso mínimo vital debe ir acompañado de un complemento de vivienda.

—El empadronamiento es condición sine qua non para poder solicitar el IMV. Dado que en la práctica se constatan dificultades para el empadronamiento de muchas personas, las administraciones están obligadas a facilitar los mecanismos para salvaguardar los derechos de estas personas.

—Hemos alertado en diversas ocasiones de las dificultades de acceso a los sistemas de rentas mínimas autonómicas. El decreto tiene, en algunos aspectos, una gran complejidad que creemos que va a implicar serias dificultades en la tramitación y acceso a la prestación.

—Asimismo, deja muchos aspectos sujetos a un desarrollo reglamentario posterior. La forma en cómo se acometa este desarrollo será esencial para dar respuesta a una realidad de exclusión social que es muy compleja.